El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado la reforma de la estructura gubernamental con el objetivo de eliminar varias agencias y consejerías de la Presidencia, optimizando funciones y reduciendo el gasto público. Dentro de estas reformas, se destaca la eliminación del cargo de comisionado de paz, que será reemplazado por el comisionado de seguridad. Esta decisión podría tener consecuencias significativas para la política interna colombiana, así como para las relaciones con actores internacionales interesados en el proceso de paz del país.
De la Espriella ha afirmado que, mediante la redistribución de competencias hacia ministerios y entidades con mandato legal, se busca mejorar la rendición de cuentas y disminuir la burocracia. Con esta reestructuración, se prevé un ahorro anual de 10,000 millones de pesos colombianos, aproximadamente 54 millones de pesos mexicanos, que se utilizarán para financiar programas en beneficio de la población.
Además, el presidente electo ha nombrado a María Nohemí Arboleda como ministra de Minas y Energía, y ha convocado a representantes del Banco Mundial para explorar un posible paquete de cooperación e inversión. También ha indicado su intención de asumir el poder desde un marco militar, rindiendo un homenaje a los miembros de las fuerzas armadas.
De la Espriella ha instruido a Jorge Eduardo Mora, quien será el comisionado de seguridad y ministro de Defensa, junto a Iván Cancino, ministro de Justicia, a desmontar cualquier forma de impunidad vinculada a lo que él ha calificado como un «espejismo de falsa paz». Además, ha expresado preocupaciones sobre las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente respecto a permisos otorgados a figuras controvertidas dentro del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Por último, el presidente electo ha enfatizado que su administración se enfocará en aportar seguridad, confianza y desarrollo al país, al tiempo que busca abrir oportunidades de meritocracia en la administración pública a través del Banco Nacional de Talentos. Estas reformas reflejan un cambio significativo en la dirección política de Colombia, cuya repercusión deberá observarse tanto en el ámbito interno como en el internacional.