El proceso de transición entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y su sucesor, Abelardo de la Espriella, se encuentra suspendido tras el anuncio de ambas partes sobre la finalización de su participación en el proceso de empalme institucional. De la Espriella ha instruido a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, para que detenga de inmediato esta transición, alegando intentos del gobierno saliente por obstaculizar el proceso y formulando acusaciones de corrupción contra la administración de Petro.
El presidente electo también ha afirmado, sin presentar pruebas, que Petro y el senador Iván Cepeda estarían elaborando un presunto «Plan B» que contemplaría un «golpe de Estado» para prolongar su permanencia en el poder. Asimismo, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que protejan el orden constitucional y no acaten órdenes que, según él, contravengan la Constitución.
Por su parte, el gobierno de Petro ha justificado la suspensión del proceso de empalme citando constantes «faltas de respeto institucional» por parte del equipo de De la Espriella. El Ejecutivo saliente sostiene que los representantes del presidente electo han intentado convertir la transición en un mecanismo de investigación penal, lo que contradice su naturaleza administrativa. Además, ha indicado que se promoverán acciones judiciales por presunta calumnia contra un integrante del equipo entrante.
Petro ha cuestionado la idoneidad de algunos miembros del equipo de De la Espriella, aludiendo a antecedentes penales. También ha reiterado sus denuncias sobre la existencia de un fraude electoral y ha declarado que no reconoce la legitimidad de la victoria de su sucesor. En este contexto, ha convocado a movilizaciones ciudadanas para el 20 de julio, argumentando que el nuevo gobierno representa un avance del «fascismo» y sugiriendo que su opositor ha recibido financiamiento externo para su campaña.
A pesar de las tensiones, Petro ha descalificado las acusaciones de un intento por perpetuarse en el poder como inconstitucional y ha manifestado que el proceso de transición se mantendrá abierto con las dependencias gubernamentales, asegurando que se seguirá proporcionando espacio al equipo del presidente electo, aun cuando De la Espriella haya decidido suspender su participación. Esta situación agrava la polarización política entre el gobierno saliente y el entrante, a menos de un mes del cambio de mando.