La reciente solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, plantea un escenario complejo en la política estatal. La sucesión en la gobernatura se define en un contexto marcado por denuncias de la oposición y presión del gobierno de Estados Unidos, que ha cuestionado las conexiones del gobernador con el crimen organizado. En este marco, el diputado Jesús Ibarra se perfila como el candidato más viable para asumir el interinato hasta las elecciones de 2027.
En mayo de este año, la primera solicitud de licencia de Rocha Moya llevó a que Yeraldine Bonilla asumiera temporalmente el cargo. Sin embargo, esta segunda ocasión presenta cambios significativos, con Ibarra recibiendo el respaldo del Palacio Nacional. A pesar de ello, su relación con el secretario de Educación, Mario Delgado, ha suscitado inquietudes dentro de la coalición gobernante, sobre todo ante las recientes señales de desconfianza provenientes de la administración estadounidense.
Esta situación ha desatado un clima de tensión en el entorno político de Mario Delgado. Desde que Rocha Moya ganó la gobernatura, respaldado supuestamente por el Cártel de Sinaloa, la figura de Delgado se encuentra bajo un escrutinio severo. Las conexiones entre estos actores han elevado las sospechas sobre su posible complicidad y el impacto que podría tener en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
El Congreso estatal tenía programada una sesión para definir la sucesión, pero su postergación ha dejado la situación en un estado de incertidumbre. Fuentes locales sugieren que Ibarra ha acumulado considerables apoyos, y su candidatura a la gobernatura en 2027 podría adelantarse en este contexto extraordinario.
La administración de Claudia Sheinbaum busca abordar dos problemáticas con la elección del nuevo gobernador. En primer lugar, la recuperación de la imagen presidencial que se ha visto afectada por el regreso de Rocha Moya, una decisión que, según diversas fuentes, no fue consultada adecuadamente con el Palacio Nacional. En segundo lugar, las presiones provenientes de Washington, que han señalado vínculos del gobernador con el crimen organizado, exigen un manejo cuidadoso de la situación.
El sucesor de Rocha Moya deberá enfrentar estas dualidades críticas mientras se esfuerza por mantener la estabilidad en Sinaloa hasta los próximos comicios. La política estatal se encuentra, por tanto, en un punto de inflexión que podría redefinir su futuro inmediato.