La Comisión de Justicia debatió un dictamen que busca endurecer las penalizaciones por delitos contra el medio ambiente, con penas de hasta 20 años de prisión y multas que pueden alcanzar los 10 mil días de salario. La propuesta incluye sanciones para quienes descarguen residuos tóxicos y afecten la salud pública y el entorno natural.
Durante la discusión, el diputado de Morena, Julio César Moreno, enfatizó la necesidad de estas reformas para proteger a las comunidades y el patrimonio natural del país. Sin embargo, la oposición expresó su desacuerdo, con gritos desde las curules que recordaron incidentes previos de contaminación ambiental.
El diputado del PAN, José Guillermo Llamas, argumentó que las modificaciones introducidas por el Senado no reflejan adecuadamente la proporcionalidad de las multas y que ciertas exenciones para campesinos podrían crear redundancias normativas. Subrayó que el artículo en cuestión ya contemplaba estas excepciones.
El dictamen, que fue aprobado de manera unánime, establece diversas penas: de seis meses a dos años de prisión por negarse a prestar un servicio público y hasta diez años de prisión por las descargas ilegales de contaminantes en cuerpos de agua. También contempla sanciones para quienes causen daños a la flora y fauna, incluyendo la tala ilegal de árboles y el tráfico de especies.
Las nuevas penalizaciones variarán según la gravedad del daño causado, con un incremento significativo en las penas si se utilizan armas o si las acciones afectan un Área Natural Protegida. Este enfoque legislativo busca disuadir las prácticas dañinas para el medio ambiente e incentivar la protección de los recursos naturales del país.
