La Administración de Estados Unidos ha solicitado a un tribunal de Florida que reconozca la inmunidad de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en respuesta a una demanda presentada por tres ciudadanos estadounidenses que fueron liberados tras meses de detención en el país sudamericano. Entre los involucrados en la demanda se encuentran autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, y el conflicto legal tiene implicaciones significativas en las relaciones bilaterales entre ambos países.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumenta que, como jefa de un Estado extranjero, Rodríguez posee inmunidad en virtud de su cargo actual. En su presentación, el gobierno subraya que la inmunidad que le confiere su posición debe ser respetada en el contexto de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.
El caso surge de una demanda por la que los demandantes reclaman una compensación económica por condiciones de detención adversas y torturas durante su tiempo en prisión. Un fallo previo del juez Darrin P. Gayles ya había impuesto una indemnización de 314 millones de dólares a varios acusados, incluidos Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
Adicionalmente, la Fiscalía de Estados Unidos, en coordinación con el equipo legal de Maduro, ha propuesto que el juicio contra el presidente y su esposa, Cilia Flores, inicie en junio de 2027. Este proceso está destinado a tratar acusaciones de narcoterrorismo y otros delitos relacionados con las armas, por los cuales ambos han sido detenidos. Ambos han rechazado las acusaciones, alegando motivos políticos detrás de estas.
El contexto de estas acciones legales refleja tensiones persistentes entre Washington y Caracas, donde la administración actual de Biden ha mostrado un enfoque diplomático hacia el régimen de Maduro, mientras que simultáneamente enfrenta desafíos legales internacionales. La solicitud de inmunidad de Rodríguez, junto con el proceso judicial en curso, subraya las complejidades de las relaciones internacionales en juego.