GUANAJUATO.– Nuevas pruebas documentales confirman la ilegalidad en la construcción del fraccionamiento La Cucursola, ubicado en la zona de la Sierra de Santa Rosa, y apuntan directamente a la responsabilidad del exdiputado federal del PAN, Sergio Ascencio Barba, así como del exalcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, y del exdirector de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico, Juan Carlos Delgado Zárate.
Durante una conferencia de prensa, Gustavo Lozano, integrante de la organización Acción Colectiva Socioambiental, expuso que el proyecto fue autorizado por el municipio sin contar con los permisos federales requeridos, entre ellos el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y el estudio justificativo ambiental, lo que constituye una violación directa a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el predio el pasado 30 de julio, luego de una denuncia penal presentada por organizaciones ambientales, que también fue dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGJE). Según Lozano, la intervención federal fue resultado de la inacción prolongada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).
“El municipio otorgó permisos ilegales desde 2019, sin tener primero los permisos federales. Eso viola la jerarquía legal del marco ambiental”, señaló Lozano.
Entre los documentos expuestos destacan ocho permisos municipales otorgados entre enero de 2019 y octubre de 2022, incluyendo una licencia de urbanización y autorización para la venta de 49 lotes, de los cuales 40 ya fueron comercializados. Estos permisos fueron firmados bajo la administración del entonces alcalde Alejandro Navarro Saldaña, y la mayoría expedidos por la DGMAYOT, encabezada por Juan Carlos Delgado Zárate.
Sergio Ascencio, legislador y transgresor
Uno de los señalamientos más graves es que Sergio Ascencio Barba, siendo diputado federal, votó en dos ocasiones a favor de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, lo que —de acuerdo con los ambientalistas— evidencia que tenía pleno conocimiento de que el proyecto violaba dicha ley. Para los denunciantes, esto no solo representa una contradicción política, sino un acto consciente de ilegalidad.
La empresa Lomas de Irapuato, propietaria del predio conocido como La Rosita, fue sancionada por la PAOT con una multa de $135,929 pesos por diversas irregularidades. Sin embargo, la denuncia presentada ante el Tribunal de Justicia Administrativa fue archivada por el magistrado Vicente Esqueda Méndez, militante panista, bajo el argumento de que los denunciantes “no tenían interés jurídico”.
Los activistas calificaron como una aberración jurídica tanto la multa como el archivo del caso, y reiteraron que lo procedente es la clausura definitiva del proyecto, pues los permisos carecen de validez legal y fueron otorgados con dolo.
Implicaciones políticas y jurídicas
Respecto a las amenazas de demanda por parte de Alejandro Navarro, quien aseguró ser objeto de “difamación”, los ambientalistas recordaron que la figura legal de difamación ya no existe en el Código Penal, y se limitaron a decir que están dispuestos a responder a cualquier procedimiento formal.
Por su parte, Yann Golbert, del Movimiento Colibríes, advirtió que La Cucursola contradice la visión sustentable del municipio, y urgió a las autoridades a reforzar la protección del entorno, en especial en zonas estratégicas como La Bufa y Los Picachos, que buscan ser reconocidas como Áreas Naturales Protegidas.
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