En Guanajuato, la mayoría de las máquinas tragamonedas funcionan sin autorización, lo que puede conducir a su confiscación, informó Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad. Durante un evento de incineración realizado en León, el funcionario destacó que la presencia de estas máquinas puede violar la Ley de Juegos y Sorteos y potencialmente implicar delitos relacionados con la corrupción de menores si estos son inducidos a la ludopatía.
Vera Ayala subrayó que, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna máquina con el permiso de la Secretaría de Gobernación, y advirtió que, en caso de que se detecten menores utilizando estas máquinas, los propietarios de los establecimientos también podrían enfrentar aseguramientos. El delegado insistió en que los locales que las posean son responsables, independientemente de su actividad comercial, ya que el hecho de permitir el uso de estas máquinas constituye un delito.
Por ahora, no se ha procesado a ninguna persona por esta infracción, aunque se ha establecido que se requieren acciones legales adicionales para actuar contra los dueños de las instalaciones involucradas. Vera Ayala reafirmó que las operaciones de aseguramiento de máquinas tragamonedas continuarán en todos los municipios del estado.
En un evento relacionado, la FGR destruyó más de 500 kilogramos de narcóticos y cientos de objetos asociados a actividades ilícitas, estimando un valor superior a 10 millones de pesos. Este acto se realizó en compañía de representantes de diversas dependencias gubernamentales, incluyendo el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Durante la incineración se destruyeron 563 kilogramos de narcóticos, 352 máquinas tragamonedas y otros artículos ilícitos.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo expresó que estas acciones buscan proteger a las comunidades de la reintroducción de sustancias y objetos nocivos. Se llevaron a cabo pruebas para garantizar la autenticidad de las sustancias antes de su incineración, destacando que este proceso cuenta con supervisión de autoridades competentes.
