El centro de detención de inmigrantes conocido como «Alligator Alcatraz» ha sido cerrado tras menos de un año de operaciones, según anunció el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Este establecimiento, que fue inaugurado como parte de las medidas de deportación impulsadas por la administración del expresidente Donald Trump, ha generado un intenso debate por las condiciones de detención y por las críticas de organismos de derechos humanos.
DeSantis, acompañado por altos funcionarios, informó que el centro ya no alberga detenidos y ha cumplido con su función temporal. Durante su gestión, el establecimiento se utilizó para la expulsión de migrantes acusados de ser considerados como amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, ha sido objeto de críticas por el manejo de las condiciones de vida de los detenidos y por la falta de garantías procesales.
Ubicado en un área aislada de los humedales de los Everglades, el centro comenzó a operar en julio de 2025 y fue construido para facilitar las políticas migratorias de la Administración Trump. La clausura del centro coincide con el traslado de los últimos detenidos a otras instalaciones o su deportación, y se ha iniciado el proceso de desmantelamiento.
El cierre también responde a preocupaciones sobre el impacto ambiental del sitio, el cual fue criticado por activistas y la tribu Miccosukee por afectar el frágil ecosistema local. Las autoridades locales estiman que el costo total de la construcción y operación del centro ha superado los 1,000 millones de dólares, lo que ha generado un debate adicional sobre su viabilidad económica.
La comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos continúan siguiendo de cerca la evolución de las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente en el contexto de las relaciones bilaterales y las normas de derechos humanos.