El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado una ofensiva para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), instando a los aliados de Washington a que reconsideren su participación en el organismo. Este movimiento responde a la acusación de que la CPI socava la soberanía estadounidense al intentar procesar a militares y funcionarios de Estados Unidos en el marco de su labor judicial.
Estados Unidos, que no es parte del Estatuto de Roma que estableció la CPI, ha fundamentado su posición en las investigaciones de crímenes de guerra en Afganistán y otros casos que afectan a aliados clave, como Israel. La administración actual busca adoptar medidas más severas, incluyendo la prohibición de entrada a territorio estadounidense para el personal de la CPI y el incremento de sanciones contra sus miembros y organizaciones asociadas.
La estrategia del Departamento de Estado también incluye aumentar la presión sobre naciones que dependen de la seguridad proporcionada por Estados Unidos para que estas abandonen la CPI. Washington planea convocar a embajadores de diversas naciones para discutir lo que consideran «abusos» de la CPI y solicitar su retirada del organismo.
Marco Rubio ha expresado que la CPI parece intentar convertirse en un «árbitro global sin rendición de cuentas», sustentado por una red de organizaciones no gubernamentales y gobiernos críticos hacia Estados Unidos. La administración busca una colaboración robusta con sus aliados para llevar a cabo esta estrategia, a pesar de las implicaciones geopolíticas que pueda conllevar.