México y Estados Unidos han llegado a un acuerdo preliminar conocido como “el camino a seguir”, que busca reestablecer el acuerdo de Transporte Aéreo entre ambos países, el cual fue roto en 2022. Esta noticia es relevante para la comunidad local, dado que las negociaciones afectan directamente las operaciones aéreas y el desarrollo aeroportuario en la región.
El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, ha expresado que México necesita corregir ciertas prácticas que él considera “anticompetitivas”. En contraposición, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México argumenta que el acuerdo valida su estrategia de reordenamiento del sistema aeroportuario, que incluye el uso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Duffy ha enfatizado que el acuerdo es solo un primer paso y ha condicionado el levantamiento de sanciones a que México implemente ajustes regulatorios, sobre todo en la asignación de horarios de despegue y aterrizaje, así como en el acceso de aerolíneas estadounidenses al Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM). “Necesitamos que estas promesas se conviertan en acciones”, subrayó.
Por su parte, México resalta el reconocimiento del AIFA como parte esencial del sistema aeroportuario metropolitano y su futura incorporación al acuerdo bilateral. El conflicto surgió en 2022 tras el traslado de operaciones de carga del AICM al AIFA, lo que llevó al gobierno de Donald Trump a imponer sanciones, incluyendo la reducción de rutas para aerolíneas mexicanas.
Duffy ha criticado que México no ha cumplido con el acuerdo bilateral desde 2022, tras la revocación repentina de slots para aerolíneas estadounidenses y el reubicamiento de operaciones de carga. A pesar de las diferencias, ambas naciones coinciden en la importancia de garantizar un acceso “equitativo y transparente” a la infraestructura aeroportuaria.
Estados Unidos insiste en corregir las restricciones en el AICM, mientras que México aboga por un enfoque que incluya la utilización conjunta del AICM y el AIFA, especialmente para el transporte de carga. Ambas partes han acordado establecer un grupo de trabajo bilateral para monitorear el cumplimiento de los compromisos, aunque las sanciones permanecerán vigentes hasta que se verifiquen resultados concretos.