La Fiscalía General de México solicitará información a Estados Unidos sobre la falta de pruebas en relación con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, quienes han sido señalados por presuntos nexos con el narcotráfico. La dependencia afirmó que no hay fundamentos ni evidencias que justifiquen la urgencia de una detención provisional.
Raúl Armando Jiménez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, destacó que no existen pruebas anexas al pedimento estadounidense que acrediten la comisión de un delito que amerite dicha medida cautelar. Ante esta situación, la Fiscalía enviará una comunicación a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York toda la documentación necesaria.
Una vez que reciban la información, la dependencia podrá adoptar un posicionamiento institucional al respecto. Jiménez precisó que se están llevando a cabo investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos ocurridos en territorio nacional.
El funcionario aclaró que la solicitud de EE.UU. no constituía una petición formal de extradición, sino una solicitud de detención provisional de los acusados de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. La extradición formal solo se considerará si el gobierno estadounidense inicia dicho procedimiento conforme al Tratado de Extradición entre ambos países.
La respuesta de la Fiscalía se produce tras la divulgación de acusaciones por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, relacionadas con diez personas que supuestamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.
