El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación ha revocado la vinculación a proceso de Enrique González Tiburcio, excolaborador de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Esta decisión se produce en el contexto de una investigación relacionada con la «Estafa Maestra», un caso que ha resonado en el ámbito político y judicial por sus implicaciones en la gestión pública.
La resolución del tribunal se fundamenta en el análisis de la causa penal presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), que acusó a González Tiburcio de haber firmado un convenio en 2016 que involucraba un pago superior a 100 millones de pesos al Instituto Tecnológico de Comalcalco. Este contrato tenía como objetivo realizar labores de empadronamiento de usuarias del Centro Ciudad Mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero.
La decisión del tribunal fue unánime al considerar que los elementos de prueba proporcionados por la FGR no eran suficientes para demostrar la responsabilidad penal de González Tiburcio. Como resultado, se anuló la vinculación a proceso previamente establecida.
Es importante señalar que esta resolución es específica para el caso de González Tiburcio y no sienta un precedente sobre las investigaciones más amplias que se siguen en torno a la «Estafa Maestra». Este escándalo implica numerosos contratos entre diversas dependencias federales y universidades públicas durante la administración anterior, lo que ha llevado a un escrutinio intenso sobre la administración pública y la rendición de cuentas en México.
Así, la revocación de la vinculación a proceso no sólo afecta al individuo implicado, sino que también puede influir en futuras auditorías y procesos judiciales relacionados con la corrupción en el gobierno. La resolución plantea un interrogante sobre la solidez de los casos presentados por la FGR y la efectividad de los mecanismos de supervisión en el ámbito de la política pública.