Los drones han dejado de ser exclusivas herramientas militares para convertirse en un instrumento utilizado por organizaciones criminales en México. Los cárteles han empezado a emplear estas aeronaves no tripuladas en sus conflictos territoriales, generando preocupaciones entre las autoridades federales sobre la falta de regulación y fácil adquisición de estas tecnologías.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, alertó en el Senado sobre el uso de drones por cárteles mexicanos para agresiones entre ellos, advirtiendo que su potencial podría extenderse a intereses estadounidenses. Resaltó que estos dispositivos son cada vez más accesibles y fáciles de modificar para fines delictivos.
Este fenómeno se enmarca en un contexto global donde los drones han cobrado relevancia en conflictos armados; el conflicto entre Rusia y Ucrania ha evidenciado su capacidad para realizar ataques estratégicos, provocando numerosas víctimas civiles según informes de la ONU. En México, grupos de narcotráfico, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, han utilizado drones adaptados para lanzar explosivos, con al menos 603 ataques registrados entre 2020 y mediados de 2023, principalmente en estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
Las víctimas de estos ataques no solo incluyen a grupos rivales, sino también a civiles, policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Un incidente significativo ocurrió en febrero de 2024 en Michoacán, donde un enfrentamiento entre criminales y fuerzas de seguridad dejó tres muertos y cuatro heridos, incluidos militares. En Jalisco, han sido confiscados dispositivos explosivos diseñados para ser lanzados desde drones.
Expertos advierten que el marco legal actual es insuficiente para abordar el uso de drones con fines ilícitos. Rogelio Barba, académico de la Universidad de Guadalajara, considera que el Gobierno federal debe implementar una estrategia integral para enfrentar esta problemática. José Colomo, académico de la Universidad Panamericana, destacó que la regulación vigente se enfoca en aspectos técnicos y operativos, pero no incluye disposiciones que aborden su uso como armas.
La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) es la encargada de regular el uso de drones en México. La Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019 establece lineamientos para su operación, aunque no contempla su uso en actividades delictivas. Las sanciones que la afac puede imponer están relacionadas principalmente con incumplimientos en requisitos de operación y permiten que el uso de drones para fines criminales sea procesado bajo la ley penal correspondiente, sin una regulación específica sobre su uso letal.
La proliferación de drones de bajo costo y accesibles ha modificado cómo se llevan a cabo los conflictos armados. Estos dispositivos permiten realizar ataques a distancia con menos riesgo para los operativos, lo que ha llevado a una creciente preocupación entre las autoridades sobre su uso en actividades criminales y la necesidad de actualizar la regulación para enfrentar sus desafíos.