La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó un dictamen que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a incluir en su Programa Anual de Auditorías una revisión del uso de recursos asociados a la contratación de la empresa Semex para los sistemas de semaforización en los 46 municipios del estado.
La auditoría, que abarcaría el ejercicio fiscal 2025 y sería concurrente con el fiscal 2026, tiene como objetivo evaluar la legalidad, economía, eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos públicos. La iniciativa fue presentada por los diputados Ernesto Millán Soberanes y Hades Aguilar Castillo, ambos pertenecientes a Morena.
La diputada Hades Aguilar Castillo destacó que el proyecto de semaforización y monitoreo en Silao, financiado con recursos federales, enfrenta denuncias por presunta falta de transparencia y posibles irregularidades. Este exhorto se refiere específicamente a la licitación MSDGOPLPPART-FED 2025SEMAFORIZACIÓN-001, que adjudicó 69 millones 548 mil 193.90 pesos a SEMEX, S.A. de C.V. para la rehabilitación del sistema de movilidad en Silao.
Morena afirmó que esta adjudicación se llevó a cabo en un proceso de licitación que podría considerarse irregular, ya que solo se reconoció a un único licitante. Este mismo proveedor es responsable de la instalación de semáforos en la capital del estado, donde también han surgido críticas sobre la falta de justificación técnica para su implementación y su funcionalidad.
En Guanajuato capital, la bancada de Morena ha cuestionado la colocación de semáforos en ubicaciones innecesarias, así como problemas de sincronización, destacando la ausencia de estudios técnicos públicos que respalden el contrato con Semex, cuyo monto supera los 57 millones de pesos.
Recientemente, se reportó que en los últimos seis años se han destinado 727 millones de pesos a proyectos de semaforización en 12 municipios de Guanajuato. Las asignaciones más elevadas se han registrado en Celaya (181 millones de pesos), Irapuato (160 millones), Purísima del Rincón (89 millones), Salvatierra (60 millones), Valle de Santiago (57 millones) y Apaseo el Grande (37 millones).
Los legisladores han expresado la necesidad de analizar las diferencias en costos de instalación de semáforos entre municipios, cuestionando si se utilizan tecnologías equivalentes, el mismo proveedor o equipamiento similar.
Con el fin de promover una mayor participación ciudadana en las decisiones sobre el uso de recursos públicos, la bancada de Morena ha propuesto una reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. Esta propuesta busca implementar un mecanismo de «presupuesto participativo», que garantice la inclusión de la ciudadanía en la planificación y evaluación de proyectos de desarrollo comunitario.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, solo el 45.5% de los ciudadanos considera que existe apertura en el sistema político mexicano hacia sus opiniones sobre las acciones de gobierno. Este dato refleja una brecha significativa entre la expectativa de participación democrática y la realidad del involucramiento ciudadano.
A pesar de que el 83% de los municipios ha abierto espacios para la participación ciudadana, la implementación de estos mecanismos aún no es uniforme ni suficiente. El diputado Ernesto Millán Soberanes indicó que la iniciativa busca cerrar esta brecha y permitir que la población influya directamente en el destino de los recursos públicos, resaltando la relevancia de la participación popular en las decisiones gubernamentales.
La propuesta de reforma contempla que los ciudadanos puedan formular propuestas de desarrollo comunitario y formar comités para la administración de recursos públicos. La inquietud sobre las decisiones tomadas sin la consulta ciudadana ha generado conflictos sociales y la suspensión de proyectos en diversos municipios. Esto incluye ejemplos como la colonia Independencia en Silao, donde una obra pública se detuvo debido a la falta de diálogo con los habitantes.