Representantes de colectivos de búsqueda en Guanajuato alertaron sobre la crisis forense, la negligencia institucional y el rezago en la identificación de cuerpos durante el seminario “Desapariciones y Resistencias”, celebrado en la Universidad Iberoamericana León. Este evento destacó las graves omisiones y dificultades que enfrentan las familias al acudir a la Fiscalía General del Estado para obtener información sobre sus seres queridos desaparecidos.
Las organizaciones expresaron su preocupación por el manejo en los panteones municipales de León, Celaya e Irapuato, donde se encuentran cientos de cuerpos sin identificar en fosas comunes. La séptima edición de este seminario, centrada en el activismo y la búsqueda de derechos, se realizó en un contexto marcado por el aumento de desapariciones en el país. Durante la apertura, el académico Fabrizio Lorusso hizo énfasis en la situación crítica, mencionando que México es un líder mundial en desapariciones.
Las ponentes, Rocío Gómez del colectivo «Unidos por los desaparecidos de León», Bibiana Mendoza de «Hasta Encontrarte» de Irapuato y Olimpia Montoya de «Proyecto de Búsqueda» de Celaya, confirmaron que la crisis forense en Guanajuato se agrava por la falta de acción de las autoridades. Montoya mencionó un caso específico de un desaparecido cuyos restos tardaron casi dos años en ser entregados a su familia, un reflejo de la ineficiencia del Servicio Médico Forense.
Gómez también subrayó que la saturación en los panteones municipales ha complicado el registro de cuerpos, lo que representa un desafío para las familias que buscan respuestas. Esta problemática es evidente en los municipios de Celaya e Irapuato, que destacan por el alto número de cuerpos no identificados.
Mendoza instó a los jóvenes a mantener la lucha social sin politización, recordando que la situación de las personas desaparecidas trasciende consideraciones políticas y resalta la grave inseguridad que enfrentan quienes participan en la búsqueda en Guanajuato. La situación de violencia y desapariciones en el estado afecta a las familias y a los colectivos, generando un ambiente de creciente preocupación por la seguridad de quienes buscan justicia.