El Congreso del Estado de Guanajuato ha interpuesto un recurso de revisión en respuesta al amparo concedido por la jueza Primero de Distrito, Luz Adriana Rico Páez, a 50 activistas que buscan frenar la criminalización del aborto en la entidad. Este recurso tiene como objetivo impugnar la resolución que prohíbe al Congreso y al Gobierno estatal sancionar a mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
El juicio de amparo fue promovido el 5 de junio de 2025 y resuelto el 27 de abril de 2026. La decisión judicial es aplicable únicamente a las 50 personas que interpusieron el recurso legal y no anula la legislación existente sobre el aborto en Guanajuato, por lo que la normativa vigente se mantiene intacta. La junta del Congreso comunicó que la resolución tiene efectos retroactivos a favor de los quejosos que pudieran estar sujetos a acciones penales.
Las autoridades del Congreso argumentan que la decisión de mantener la legislación sobre el aborto vigente fue respaldada por la mayoría de sus integrantes, quienes representan a la población guanajuatense. El Poder Legislativo subraya que su papel institucional es defender las decisiones tomadas en este ámbito y agotar los recursos legales pertinentes.
El 18 de mayo de 2026, el Congreso presentó formalmente el recurso de revisión, alegando violaciones a la garantía de seguridad jurídica y principios de igualdad en el proceso legal. Esta controversia continúa, dado que ambas partes, tanto el Congreso como los activistas, están ejerciendo sus derechos legales en el caso.
El amparo en cuestión cuestiona la falta de modificaciones a la legislación penal estatal en concordancia con tratados internacionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
En otra sección de la política estatal, la diputada Susana Bermúdez Cano ha declarado que la tipificación de las “terapias de conversión” sigue siendo ineficaz, incluso tras las reformas sugeridas por la Corte. La legisladora, quien votó en contra de la norma, señaló que no se han realizado análisis adecuados sobre la redacción del tipo penal, lo que la hace inaplicable.
Bermúdez cuestionó la falta de información sobre la existencia de centros donde se realicen estas prácticas en Guanajuato, argumentando que no se puede legislar con base en modelos de otros estados sin un contexto real de la problemática local.
Paralelamente, diputadas del partido Morena, Miriam Reyes Carmona y María Eugenia García Oliveros, están preparando iniciativas para atender las observaciones realizadas por la Corte respecto a este tema. García Oliveros ha indicado que es fundamental estudiar las propuestas antes de su presentación formal en el Congreso.