Guanajuato.- En el contexto del debate nacional sobre el endurecimiento de sanciones para adolescentes que cometen delitos graves, el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, destacó la necesidad de analizar esta problemática. Aclaró que cualquier cambio legislativo debe ser tratado en el Congreso del Estado. En contraste, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo afirmó que su administración se enfocará en la prevención en lugar de aumentar las sanciones.
El debate se intensificó después de que el alcalde de Corregidora, Querétaro, Josué David Guerrero Trápala, presentó una propuesta para aplicar penas a adolescentes de 15 a 17 años en casos de homicidio doloso, feminicidio, violación y secuestro, comparable a las de los adultos. Esta iniciativa fue entregada al grupo parlamentario del PAN en el Senado el 15 de julio, y se discutirá en su próxima reunión plenaria, como informó el coordinador de la bancada, Ricardo Anaya Cortés.
Ambos políticos se refirieron a un caso en Baja California en el que adolescentes fueron acusados del homicidio de un conductor, lo que llevó a protestas y reavivó la discusión sobre el sistema de justicia penal para menores. En este sentido, se mencionó que las sanciones propuestas podrían llevar a un mayor debate sobre su legitimidad.
El fiscal Vázquez Alatriste, durante un evento en San Felipe el 23 de julio, expresó que es hora de considerar estas propuestas, aunque reiteró que la revisión corresponde al Congreso. Aseguró que la legislación actual, que establece un sistema especial para menores, podría requerir cambios a nivel federal si se busca judicializar a adolescentes como adultos.
La gobernadora García subrayó que su enfoque está en acciones preventivas. Resaltó los esfuerzos en fortalecimiento familiar a través del DIF estatal y programas educativos, enfatizando que mejorar la formación en valores es fundamental para reducir la participación de jóvenes en actividades delictivas.
En los primeros meses de 2026, se reportaron 522 adolescentes procesados en Guanajuato, de los cuales 461 son hombres y 61 mujeres. Durante 2025, se concluyeron procesos judiciales para 483 menores, siendo los delitos más comunes contra la salud, lesiones, portación de armas y homicidio.
El caso de un adolescente apodado “El Mudo”, condenado por el homicidio de dos mujeres en 2021, despertó reacciones sobre las sanciones actuales. Este individuo recibió un año de internamiento, lo que generó críticas sobre la eficacia del sistema de justicia para adolescentes. Tal caso pone de relieve la necesidad de una discusión más amplia sobre las penas y las causas que llevan a la delincuencia juvenil.
Por otro lado, en el Congreso de Guanajuato no se han presentado iniciativas para modificar las sanciones para adolescentes. El diputado del PRI Alejandro Arias Ávila indicó que su bancada evaluaría la ley existente respecto a la justicia penal para menores, reconociendo que existe preocupación por el uso de adolescentes por parte de grupos delictivos.
La postura del diputado de Morena, David Martínez Mendizábal, resalta la importancia de abordar las causas que subyacen en la delincuencia juvenil. Señaló que un enfoque meramente punitivo no resolverá los problemas sociales, sino que es esencial fortalecer los sistemas de protección y rehabilitación para los menores involucrados en la delincuencia.
El marco legal actual establece un régimen específico para menores de edad, limitando las sanciones a un máximo de cinco años para quienes tienen entre 16 y menos de 18 años. La propuesta del alcalde de Corregidora busca que adolescentes que cometan delitos graves enfrenten sanciones comparables a las de los adultos, un cambio que implicaría reformas significativas en el sistema de justicia nacional.