Una iniciativa de reforma presentada en Michoacán busca garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad como un derecho y no como un acto de caridad. La diputada Nalleli Pedraza Huerta destacó que a pesar de los avances legislativos, aún persiste un vacío crítico que impide a este sector acceder a empleos dignos.
Pedraza Huerta explicó que la transición de la educación especial al mundo laboral es el momento donde más personas con discapacidad intelectual abandonan su trayectoria profesional. La actual duración de los cursos técnicos, que oscilan entre uno a tres meses, es considerada insuficiente para desarrollar habilidades adecuadas.
La propuesta incluye cuatro ejes de acción que buscan transformar la realidad laboral en el estado. Entre ellos se plantea la creación de un Modelo de Transición Laboral Inclusiva, que incluya un «Mentor Laboral» que acompañe a los beneficiarios durante un año. La duración mínima de los programas de formación se sugiere que sea de un año y se espera que se realicen ajustes razonables.
Además, se propone extender la obligación de contratar al 5% de personas con discapacidad a las empresas privadas con más de 50 empleados, así como crear un certificado de «Empresa Incluyente» que otorgue beneficios en licitaciones gubernamentales. También se planea aumentar los incentivos fiscales para aquellas empresas que superen dicha cuota.
La diputada concluyó afirmando que en Michoacán se debe valorar y remunerar adecuadamente el talento de las personas con discapacidad, destacando que su iniciativa ha contado con el respaldo de otros parlamentarios ciudadanos, quienes también abogan por el respeto al derecho al trabajo digno y la independencia económica.