Guanajuato experimenta un debate en torno a la movilidad urbana, donde la sustitución de vehículos de combustión interna por eléctricos no se considera una solución efectiva, según Francisco de Anda Orellana, subsecretario de Movilidad de la Secretaría de Obra Pública. Durante una mesa de trabajo con la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, se discutieron iniciativas que proponen la instalación de estaciones de carga gratuita en espacios públicos, impulsadas por diputados de PAN, PRD y la diputada Luz Itzel Mendo.
De Anda Orellana señala que, aunque el uso de vehículos eléctricos puede resultar beneficioso a nivel individual, su impacto general en la congestión vehicular y el desgaste del pavimento es cuestionable. Destacó que los vehículos eléctricos, con un peso que puede alcanzar las 2 toneladas, generan un mayor desgaste en la infraestructura vial en comparación con sus contrapartes de combustión interna, que pesan aproximadamente 1.5 toneladas. El funcionario reconoció la falta de un estudio técnico sobre este fenómeno, aunque se enfatiza que mayor peso implica mayor impacto en el pavimento.
Se argumentó que el debate debe centrarse en el fortalecimiento y electrificación del transporte público en lugar de los vehículos particulares. La propuesta de colocar estaciones de carga aparece como una responsabilidad del sector privado, ya que el subsecretario considera que no debe ser una carga para los recursos públicos del Estado. Además, los fabricantes y comercializadores de automóviles eléctricos deberían financiar e instalar la infraestructura necesaria.
En términos de electrificación nacional, Mario Gallaga, asesor del PAN, proyectó que en 2026 se comercializarán cerca de 200,000 unidades eléctricas en el país. Actualmente, circulan alrededor de 6 millones de vehículos con algún nivel de electrificación. Existen también aproximadamente 56,666 electrolineras en todo el país, con un crecimiento del 26 % en su infraestructura de recarga. Gerardo Trujillo, del Congreso del Estado, señaló la necesidad de evaluar el presupuesto municipal para instalar estaciones de carga y ajustar las leyes hacendarias correspondientes.