El Gobierno de México ha expresado su “grave preocupación” ante la reciente decisión preliminar de EE. UU. sobre el posible ‘dumping’ de fresas, un potencial golpe a la industria local que afecta a miles de productores en el estado. Este caso podría sentar un precedente peligroso para otras exportaciones agrícolas del país, incluyendo a los numeroso agricultores de fresas de la región de Tierra Caliente y la Meseta Purépecha, que dependen de este mercado.
La proyección de márgenes de ‘dumping’ propuesta por el Departamento de Comercio de EE. UU. oscila entre el 3,37 % y el 5,28 % para distintas empresas, aumentando la preocupación en el sector. La Secretaría de Economía mexicana considera que la evaluación es arbitraria y asegura que no se alinea con los acuerdos internacionales, incluidos los del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
La investigación fue impulsada por los productores de fresa de Florida y comenzó en 2025, mientras que México exportó aproximadamente 263,000 toneladas de este fruto a EE. UU. por valor de 1,000 millones de dólares en el mismo año. Álvaro Cárdenas, líder de Aneberries, resaltó la importancia del mercado mexicano durante los meses en que disminuye la producción estadounidense, al afirmar que ambas industrias son complementarias.
El impacto es significativo: cerca de 5,000 productores mexicanos, muchos de ellos de pequeñas explotaciones que cultivan menos de diez hectáreas, se verán afectados, al igual que las aproximadamente 151,000 personas empleadas en este sector. Además, la medida podría generar incertidumbre en inversión y precios, afectando a toda la cadena de suministro, no solo en el sector fresal, sino también en otros productos agrícolas.
Los productores han manifestado que su competitividad no se basa en prácticas desleales. Ante esta situación, la Secretaría de Economía se comprometió a mantener el diálogo con los involucrados para enfrentar los próximos pasos en este proceso. Según las normativas de EE. UU., los márgenes de dumping preliminares podrían obligar a los exportadores a realizar depósitos en efectivo, lo que sumaría carga financiera adicional mientras se espera la decisión final, programada para enero de 2027.