No es un asunto de fe. Es un asunto de Estado.
La diputada local de Morena, Miriam Carmona, realizó compras oficiales para su oficina en el Congreso de Guanajuato a favor de Distribuidora Eléctrica del Mundo S.A. de C.V. Las adquisiciones están documentadas.
El dato adquiere otra dimensión cuando se considera que la legisladora ha sido identificada públicamente como integrante de La Luz del Mundo, organización religiosa cuyos líderes han enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos.
En 2022, el líder internacional de esa iglesia fue sentenciado en California tras declararse culpable de delitos graves. El caso colocó a la organización bajo escrutinio internacional.
En ese contexto, el estándar de separación entre religión y función pública debería ser más estricto, no más laxo.
México es un Estado laico.
No por tradición.
Por Constitución.
El problema no es que un servidor público tenga creencias. El problema surge cuando recursos públicos terminan en empresas vinculadas a su propio entorno religioso.
La discusión ya no es espiritual. Es institucional.
Cuando actores políticos mantienen cercanía con organizaciones religiosas cuyo liderazgo ha sido condenado en tribunales extranjeros por delitos de abuso sexual, el deber de transparencia se multiplica.
Más aún en un país donde el principio de separación entre Iglesia y Estado no es una consigna retórica, sino una herencia constitucional que se remonta a Benito Juárez, figura constantemente reivindicada por el obradorismo como símbolo del Estado laico.
Cuando un servidor público contrata con empresas vinculadas a su entorno cercano —sea político, familiar o religioso— inevitablemente se activa una palabra en la conversación pública: tráfico de influencias.
Un elemento adicional que no pasa desapercibido: la diputada local Miriam Carmona es hermana del senador por Guanajuato, Emmanuel Reyes Carmona. El parentesco no implica irregularidad por sí mismo, pero en un contexto que mezcla recursos públicos, vínculos religiosos y poder político, eleva el nivel de escrutinio y refuerza una exigencia básica en democracia: transparencia absoluta y separación clara entre intereses personales y función pública.
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