En la política mexicana las contradicciones dejaron de ser anomalías para convertirse en método. Pero lo que ocurre hoy con el proyecto del Acueducto Solís, que abastecería a más de dos millones de personas en Guanajuato, rebasa el absurdo: el gobierno federal lo impulsa, mientras operadores locales de Morena trabajan para frenarlo.
El episodio sintetiza una vieja práctica nacional: cuando el interés del partido choca con el interés público, casi siempre gana el primero.
El doble discurso y la comodidad moral
Ayer, el diputado federal Ernesto Prieto exigió a la gobernadora de Guanajuato una postura “firme, inmediata y pública” a favor del acueducto. El tono fue solemne, casi indignado, como si el estado estuviera bloqueando un proyecto prioritario del gobierno federal.
La realidad es otra.
Prieto exige asambleas, pronunciamientos y mesas de diálogo. Quiere que la gobernadora se convierta en una especie de vocera institucional del proyecto.
Todo sería razonable… si no fuera porque la oposición al acueducto no proviene del gobierno estatal, sino de la estructura territorial de Morena en Acámbaro.
Es un caso de libro:
Morena boicotea a Morena.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum habla de justicia hídrica, los liderazgos locales del partido operan en sentido contrario, ocupados en la disputa interna por candidaturas, territorios y futuros beneficios políticos.
La resistencia está dentro, no fuera
Los datos son simples y públicos:
•El acueducto es federal.
•Es prioridad presidencial.
•Está financiado al 50% entre Estado y Federación.
•La tecnificación agrícola también está bajo esquema federal.
Y, sin embargo, quienes lideran protestas, bloqueos y rumores en Acámbaro —regidores, activistas, exfuncionarios y operadores morenistas— se presentan como “defensores del agua”, aun cuando varios ni siquiera pertenecen al Distrito 011.
La narrativa de la defensa del agua es útil políticamente; la verdad, mucho menos rentable.
Lo paradójico es que los mismos actores que bloquean el proyecto exigen que la gobernadora lo defienda con vehemencia. Un juego de espejos que, en cualquier otro país, sería motivo de escándalo; en México, apenas arranca un par de cejas.
La disputa real: territorio, candidaturas y negocios
El conflicto no es hídrico. Es político.
Y territorial.
En Acámbaro conviven varios intereses:
•Grupos que buscan apropiarse del movimiento “anti-acueducto” para negociar candidaturas en 2027.
•Regidores que necesitan visibilidad política.
•Exfuncionarios con pendientes que ven en la protesta un mecanismo de rehabilitación pública.
•Actores que ven en la tecnificación agrícola oportunidades de negocio… siempre que sean ellos quienes la administren.
•Enemigos políticos de la alcaldesa Claudia Silva, decididos a construir cualquier narrativa que erosione a la administración municipal.
El agua es el pretexto.
El poder, el objetivo.
Un llamado que no llegará
Prieto exige a la gobernadora lo que debería exigir a su propia casa política:
ordenar a los liderazgos morenistas en Acámbaro dejar de boicotear un proyecto que su propio gobierno federal impulsa; frenar la manipulación a productores auténticamente preocupados por el futuro hídrico; y detener la cadena de rumores diseñada para producir réditos electorales.
Porque el Acueducto Solís no pertenece a ningún partido.
Pertenece a Guanajuato.
El problema no es la Presa Solís.
El problema es quién quiere apropiarse del crédito político.
Mientras tanto, la obra avanza a pesar de quienes deberían respaldarla.
Una escena más del teatro político mexicano, donde las contradicciones no son fallas del sistema, sino parte esencial del guion.
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