León.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, criticó la decisión del Congreso del Estado de Guanajuato, específicamente de los diputados del PAN, de aprobar una auditoría a la administración municipal, mientras se negó a auditar el periodo del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Esta situación genera inquietud entre los ciudadanos, dado que podría impactar en la transparencia y el manejo de recursos públicos en la ciudad.
Durante la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, se rechazó una iniciativa del Movimiento Ciudadano para auditar los contratos otorgados por la administración anterior, incluyendo aquellos relacionados con la empresa Seguritech. En su lugar, se aprobó que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) revisara el gobierno de Gutiérrez por posibles irregularidades en contrataciones en los últimos cinco años.
Gutiérrez expresó que estas decisiones políticos, que califica como «violencia institucional», sugieren una falta de congruencia por parte de los legisladores del PAN. Aseguró que siempre han estado dispuestos a someterse a auditorías y que los intentos de presión sobre empleados del municipio para que denuncien violaciones a derechos humanos representan un abuso de poder.
La alcaldesa, en un evento reciente en la colonia Villas de Santa Julia, enfatizó que la auditoría no es un miedo sino un proceso rutinario; sin embargo, cuestionó por qué las auditorías no se aplican sistemáticamente a todos los gobiernos. Expresó que la falta de transparencia es preocupante y lamentó la diferencia entre el discurso y la acción de la mayoría del PAN, sugiriendo que este tipo de auditorías son consecuencia de un interés político más que de una iniciativa de rendición de cuentas.
Finalmente, Gutiérrez denunció la manipulación política que enfrenta, señalando que está siendo atacada por normas que deberían ser equitativas para todos los miembros de la administración pública. Pidió a los diputados panistas un compromiso real con la rendición de cuentas y les instó a abrir la puerta a una revisión exhaustiva de los recursos públicos.