León.- El Gobierno Municipal de León, encabezado por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, ha clasificado como información reservada varios datos de los contratos de obra pública, afectando la transparencia en la gestión pública. Los nombres de los representantes legales de las empresas que ejecutan obras para el municipio, así como su domicilio fiscal y medios de contacto, ya no serán accesibles al público, limitando así el control y seguimiento de los recursos públicos.
Esta decisión se tomó tras una solicitud de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Guanajuato, bajo el argumento de que estos datos podrían usarse para extorsiones a empresarios. Hasta ahora, esta información era pública desde la implementación de la Ley Federal de Transparencia en 2002.
La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, ha manifestado su compromiso con la transparencia, aunque ahora se enfrenta a cuestionamientos sobre esta acción que contradice sus declaraciones previas. A partir de julio, el municipio ha comenzado a reservar información que antes estaba disponible, lo que dificulta la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos destinados a infraestructura.
El cese de la disponibilidad de estos datos coincide con investigaciones previas que revelaron posibles vínculos entre contratistas y funcionarios municipales. León proyecta una inversión de mil 728 millones de pesos en su Programa Anual de Obra Pública 2026, que abarca 468 obras, y la falta de transparencia en este contexto podría suscitar desconfianza entre los ciudadanos.
La alcaldesa ha declarado que la titular de la Unidad de Transparencia, Luz Araceli Andrade, será la encargada de brindar mayores aclaraciones sobre esta decisión. Por su parte, Andrade se ha deslindado de la responsabilidad, afirmando que actuó conforme al procedimiento legal establecido.
La solicitud hecha por la CMIC se presentó el 29 de mayo, y desde entonces, el Gobierno Municipal ha comenzado a implementar restricciones sobre la divulgación de la información, a pesar de que esta había sido accesible hasta ahora. La CMIC sostiene que esta medida es necesaria para proteger a sus afiliados ante amenazas relacionadas con la seguridad.
El debate sobre este asunto ha llevado a diversas opiniones entre funcionarios locales. La síndica María Esther Santos de Anda y otros regidores consideran que la decisión de reservar información podría suponer un retroceso en materia de transparencia, señalando la importancia de que los ciudadanos tengan acceso a los procesos de asignación de obras públicas.
La dependencia estatal Transparencia para la Gente también ha insistido en que la regla general debe ser la máxima publicidad respecto al manejo de recursos públicos. La situación actualmente refleja la tensión entre la necesidad de proteger la seguridad de quienes trabajan en la construcción y la obligación de mantener la transparencia en los procesos administrativos del municipio.