La administración municipal de León ha decidido clasificar como información reservada los nombres de los representantes legales de las empresas constructoras que tienen contratos con el gobierno local. Esta medida, que afecta la transparencia en el sector público, ha sido implementada en respuesta a preocupaciones de seguridad planteadas por miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato (CMIC).
Expertos en transparencia han cuestionado esta justificación, señalando que el potencial riesgo no necesariamente valida la ocultación de información vinculada a recursos públicos. Consideran que la administración debe demostrar de manera concreta qué riesgos están siendo mitigados y argumentar por qué la divulgación de estos nombres podría ser perjudicial.
Desde la CMIC, se ha defendido la clasificación como una medida de prevención ante delitos como la extorsión, asegurando que esto no implica una reducción en la transparencia pública. Sin embargo, activistas han destacado la importancia de diferenciar entre datos sensibles y la información básica sobre entidades que reciben fondos públicos.
Roberto Saucedo, un activista en el tema, ha enfatizado que es razonable proteger la información personal que pueda representar un riesgo tangible; sin embargo, considera inaceptable ocultar los nombres de representantes legales, que son fundamentales para la rendición de cuentas ciudadana.
Alejandro Rocha Pedraza, excomisionado del extinto Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, también ha manifestado su preocupación. Subraya que cualquier reserva debe basarse en un análisis riguroso que demuestre un riesgo real, una práctica que, según él, representa un retroceso en materia de transparencia.
Esta controversia surgió tras la documentación de la decisión del gobierno municipal de León de reservar información que antes era accesible. La clasificatoria abarca no solo los nombres de los representantes legales, sino también los domicilios de los contratistas de obra pública, bajo un oficio presentado por la CMIC en mayo, que solicitaba la protección de estos datos.
Desde julio, la administración ha comenzado a testear información en contratos, formalizando una reserva que se extenderá por cinco años. Esta decisión es relevante considerando que el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 2026 incluye cuatrocientos sesenta y ocho proyectos con un presupuesto superior a mil setecientos veintiocho millones de pesos.
La reserva de esta información también es crítica ya que investigaciones periodísticas han utilizado los nombres de los contratistas para evidenciar posibles vínculos entre proveedores y funcionarios públicos de León.