León.- El colectivo Red Feminista ha implementado un tendedero en el centro de la ciudad para exponer casos de deudores alimentarios, quienes incumplen con sus responsabilidades paternas. Esta acción busca visibilizar el abandono económico y afectivo que enfrentan miles de niñas, niños y adolescentes en León.
La iniciativa coincide con la conmemoración del Día del Padre y tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la paternidad responsable. Las defensoras de derechos humanos enfatizan que este tipo de denuncias no son actos de venganza, sino herramientas de visibilización ante una situación que ha sido normalizada durante años.
El incumplimiento de las obligaciones alimentarias no solo implica una falta económica, sino también una violación de los derechos fundamentales de los infantes, lo que repercute en su desarrollo y bienestar. Las manifestantes resaltaron que muchas madres enfrentan una justicia alimentaria lenta e ineficaz, obligándolas a organizarse y denunciar públicamente.
Asimismo, se realizó un llamado a la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, para que impulse acciones concretas que garanticen el acceso a pensiones alimenticias y la responsabilidad de los padres. Los representantes del colectivo expresaron su preocupación sobre los obstáculos que enfrentan las iniciativas relacionadas con la justicia alimentaria, que afectan directamente a los menores.
En otro contexto, el 4 de junio, la fracción de Movimiento Ciudadano presentó una propuesta ante el Congreso del Estado para fortalecer el registro de deudores alimentarios en Guanajuato. La diputada Sandra Pedroza sugirió trasladar la gestión del registro hacia el Registro Civil, priorizando los derechos de los niños sobre aspectos patrimoniales.
Durante la discusión legislativa, se evidenció un subregistro significativo, con apenas 105 personas registradas oficialmente, una cifra que no refleja la realidad de los miles de casos de incumplimiento. Aunque algunos legisladores manifestaron preocupaciones sobre la viabilidad presupuestal de la propuesta, se sostiene que es un paso necesario para garantizar el bienestar de los menores afectados.