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Los Azufres: Comunidad otomí presenta denuncia por contaminación ante CNDH

Los Azufres: Comunidad otomí presenta denuncia por contaminación ante CNDH

Comunidad otomí de San Matías el Grande denuncia contaminación por parte de la CFE

La comunidad indígena otomí de San Matías el Grande, en la región oriente de Michoacán, ha presentado una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por daños ambientales que amenazan la salud pública. Este conflicto resuena no solo entre los habitantes de esta comunidad, sino también en el contexto más amplio del compromiso por un ambiente saludable en toda la región.

Denuncia ambiental

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) respalda esta denuncia, alertando sobre los riesgos que representa la operación de la planta geotermoeléctrica Los Azufres. La queja destaca el deterioro de la calidad del agua, el suelo y el aire, implicando un grave riesgo para la salud de los pobladores de localidades cercanas como Hidalgo y Zitácuaro.

Irregularidades en la infraestructura

La denuncia especifica que de las 33 presas de enfriamiento que opera la planta, 12 carecen de recubrimiento adecuado, lo que permite la filtración de contaminantes hacia los acuíferos locales. Este 36% de instalaciones desprotegidas plantea un riesgo crítico para la infraestructura hídrica de la región.

Impacto en la salud pública

El CSIM ha presentado evidencia científica que establece una conexión entre la operación de la planta y problemas de salud en la comunidad. Un estudio realizado por UMSNH, Conahcyt y ICTI ha revelado alarmantes indicios de toxicidad:

  • Toxicidad: Niveles de metales pesados entre el 35% y el 50% en manantiales de la región.
  • Salud infantil: Un 32.79% de niños de 10 a 12 años en San Matías el Grande presentan señales tempranas de enfermedad renal crónica, lo que subraya la urgencia de la situación.

Exigencia de intervención

Ante esta crisis, el CSIM ha solicitado que la CNDH agilice el seguimiento de dos expedientes previos y ha hecho un llamado a las autoridades locales y federales, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para que se tomen medidas efectivas. Hasta el momento, la CFE no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones.

La problemática que enfrenta la comunidad otomí no solo refleja la lucha por la defensa del medio ambiente en Michoacán, sino que pone en evidencia la necesidad de una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales, vital para el bienestar de sus habitantes y el patrimonio cultural del estado.