Las comisiones de Derechos Humanos de Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León, que serán sedes de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, emitieron un comunicado conjunto para expresar su preocupación por posibles violaciones a los derechos de la población. Solicitan que las autoridades implementen medidas preventivas para colocar a las personas en el centro de las decisiones relacionadas con el evento deportivo.
A diez días del inicio de la Copa Mundial, las comisiones alertaron sobre los impactos sociales que estos «megaeventos deportivos» pueden generar, abarcando movilidad, seguridad, uso del espacio público, desarrollo urbano y actividad económica. Señalaron que experiencias previas en otros países anfitriones han documentado problemas como el desplazamiento de comunidades, restricciones a libertades civiles, explotación laboral y exclusión de grupos vulnerables. Instaron a las autoridades a abordar estos temas para evitar la repetición de dichas situaciones.
El comunicado indica que el Mundial afectará la vida cotidiana de millones, tanto de visitantes como de habitantes de las ciudades sede. Destacan que habrá cambios significativos en operativos de seguridad y movilidad, así como un aumento en la actividad turística y comercial. Para abordar estas cuestiones, las comisiones anunciaron una agenda de observación y monitoreo destinada a identificar posibles riesgos a los derechos humanos durante el torneo.
Las comisiones hicieron un llamado a las diversas autoridades y organizaciones involucradas en la organización del evento para que todas las acciones se realicen bajo los principios de legalidad, inclusión y no discriminación. Entre las acciones propuestas, mencionaron la necesidad de fortalecer la coordinación con organismos de derechos humanos, garantizar que las estrategias de seguridad y movilidad respeten las garantías fundamentales y promover el acceso al espacio público.
Finalmente, reiteraron que el legado del Mundial debe ser evaluado no solo en términos económicos y turísticos, sino por la capacidad de las instituciones para garantizar derechos humanos y construir ciudades más inclusivas. Las comisiones continúan comprometidas a seguir de cerca los impactos sociales que pueda generar la justa deportiva y a impulsar acciones coordinadas para asegurar el respeto a la dignidad humana durante este evento.