Las cárceles de México registran un aumento en la población penitenciaria, con más de 231 mil personas privadas de la libertad al inicio del año 2025, según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios 2025 del INEGI. Este incremento, de 19.2% respecto al año anterior, no indica necesariamente un avance en la lucha contra el delito, sino que refleja las deficiencias del sistema judicial. En particular, Baja California y el Estado de México son las entidades con más ingresos a prisión, mientras que Jalisco se encuentra en el octavo lugar a nivel nacional.
En Jalisco, uno de cada cuatro internos tenía antecedentes penales al momento de su ingreso, lo que resalta el problema de la reincidencia y la falta de eficacia en los programas de reinserción social. Aproximadamente la mitad de las personas en prisión está esperando que un juez resuelva su situación legal, lo que evidencia la lentitud del sistema judicial. Estas deficiencias incluyen investigaciones deficientes, escasez de personal judicial y desigualdad en el acceso a defensa legal.
El abogado penalista Joseph Olid Aranda y el académico Francisco Jiménez Reynoso coinciden en que la prisión preventiva oficiosa ha contribuido a la saturación de cárceles al permitir que personas acusadas de ciertos delitos sean encarceladas automáticamente. Esta medida ha llevado a un aumento en la cantidad de presos sin condena y a un sistema judicial colapsado. Actualmente, el 71.9% de los detenidos sin sentencia en Jalisco se encuentra en esta situación.
El Gobierno de México está desarrollando una estrategia para reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios, que incluye mecanismos de liberación anticipada, la ampliación de la infraestructura penitenciaria y el fortalecimiento de programas de reinserción. Especialistas sugieren que estas medidas deben ir acompañadas de reformas que aborden la rapidez de los procesos judiciales y la calidad de la reinserción social.