La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de estar implicado en la destrucción y ocultamiento de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que un análisis exhaustivo del caso ha llevado a identificar la presunta participación del exmandatario en la eliminación de grabaciones ocurridas en el Palacio de Justicia de Iguala en septiembre de 2014.
Dos testigos colaboradores han declarado que Aguirre Rivero dio instrucciones de eliminar las videograbaciones del momento en que un grupo de normalistas fue detenido por autoridades municipales y estatales. Inicialmente, se había afirmado que dicho material no existía debido a fallas técnicas en las cámaras de seguridad del lugar, pero la fiscal aseguró que esta versión ha sido desmentida por diligencias posteriores.
En enero de 2026, un testigo confirmó la existencia de las grabaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas a Aguirre Rivero, quien fue detenido por la Policía Federal Ministerial en el Estado de México y está recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Un segundo testigo protegió la información previa, afirmando que el exgobernador ordenó en una reunión con altos mandos de su administración el ocultamiento de cualquier evidencia vinculada a los hechos en Iguala.
La FGR sostiene que tiene elementos de prueba que demuestran que la instrucción para ocultar las grabaciones provino directamente del entonces gobernador, con la colaboración de altos funcionarios estatales. La fiscal Godoy Ramos comentó que el ocultamiento de las grabaciones fue parte de una operación maliciosa, no un evento aislado.
Adicionalmente, diputados de los partidos Morena y PAN han solicitado que, tras la arresto de Aguirre Rivero, se realice una investigación rigurosa sobre la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos». El diputado Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de Ayotzinapa, hizo un llamado en redes sociales afirmando la responsabilidad del exgobernador en el caso.
El legislador panista Héctor Saúl Téllez enfatizó la necesidad de un debido proceso y una investigación imparcial tras más de doce años de espera por respuestas por parte de los familiares de los 43 desaparecidos. Destacó que la justicia debe ser aplicada sin distinciones políticas y que todos los responsables deben rendir cuentas.