La revocación de visas estadounidenses a políticos mexicanos ha generado controversia en la relación entre México y Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido una lista oficial de los afectados, aunque se han confirmado diversas cancelaciones por parte de funcionarios y exfuncionarios.
Recientemente, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que su visa fue cancelada por Estados Unidos. López Beltrán indicó no haber recibido pruebas que justificaran esta decisión, que considera motivada por razones políticas. El Gobierno estadounidense no ha ofrecido explicaciones sobre este caso.
Entre los políticos cuyas visas han sido revocadas se encuentran figuras de distintos partidos, según reportes de Reuters. Durante la administración de Donald Trump, al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos recibieron la misma medida, en el marco de una estrategia vinculada al combate al crimen organizado.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, comunicó en mayo de 2025 que su visa y la de su esposo, Carlos Torres Torres, fueron canceladas, aunque desconoce los motivos. Se ha mencionado a Torres en investigaciones por presuntos delitos financieros, aunque estas acusaciones no implican condena.
Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, también están entre los afectados, negando vínculos con el crimen organizado. Alcaldes como José Luis Dagnino, de San Felipe, y Óscar Eduardo Castro, de Puerto Peñasco, confirmaron la revocación tras intentar ingresar a Estados Unidos.
Las cancelaciones no son exclusivas de Morena. También han sido reportados Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, y Mario Alberto López Hernández, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, junto con Hernán José Vega Burgos, magistrado de Yucatán.
La política de revocación de visas se enmarca en las estrategias de seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, enfatizando posibles vínculos con narcotráfico, corrupción o inmigración ilegal. No obstante, el Gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha solicitado claridad sobre los nombres incluidos en esta medida, que afecta la dinámica bilateral.