Durante la «Cumbre de grandes empresas, decisiones empresariales en un entorno de alta incertidumbre», organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), empresarios y especialistas expresaron su preocupación por el impacto de la reforma al sistema judicial en la inversión en México. Aseguraron que esta reforma ha generado incertidumbre y ha debilitado la confianza de los inversionistas.
Javier Laynez, exministro de la Suprema Corte, afirmó que la reforma obstaculiza la llegada de nuevas inversiones al país. Sostuvo que se han introducido obstáculos adicionales que desincentivan la inversión y que podrían permitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas sin los controles necesarios, lo que afectaría negativamente a las empresas.
Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, apuntó que existen inversiones detenidas debido a la falta de certeza jurídica, planificación energética insuficiente y diversos obstáculos regulatorios. Explicó que las inversiones no dependen únicamente de la ubicación geográfica, sino de la confianza y la claridad en las reglas jurídicas.
Aunque México mantiene una relación comercial significativa con Estados Unidos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Sierra enfatizó que ningún acuerdo comercial sustituye la necesidad de condiciones internas adecuadas para atraer inversión. Resaltó que la confianza empresarial está vinculada a la fortaleza institucional y al respeto al Estado de derecho.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, añadió que la reforma judicial ha debilitado las instituciones y creó incertidumbre en relación al T-MEC. Indicó que una pérdida del grado de inversión podría tener consecuencias a largo plazo, dificultando la recuperación de la confianza.
Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio Ibero del Sistema de Justicia, mencionó que el sistema judicial anterior beneficiaba a quienes tenían recursos para contratar abogados, aunque no se ha establecido una alternativa robusta tras la reforma.
En el contexto de la reforma electoral, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aclaró que la propuesta para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas no busca que el Instituto Nacional Electoral (INE) decida sobre la elegibilidad de candidatos, sino que actuará como un enlace entre partidos políticos y las autoridades correspondientes.
Sheinbaum caracterizó que esta comisión facilitaría la comunicación entre el INE, la UIF, la Fiscalía General de la República y otras instituciones para investigar candidatos. Explicó que la información sería recabada y devuelta a los partidos, quienes tendrían la decisión final sobre la postulación.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, había expresado previamente su preocupación de que esta reforma pudiera comprometer la independencia del Instituto. La propuesta sugiere establecer un canal confidencial entre partidos y autoridades para identificar vínculos delictivos en los aspirantes.
La reforma al Poder Judicial ha generado divisiones en el panorama político del país. Mientras el partido Morena y el Gobierno federal defienden estos cambios como pasos hacia la democratización de la justicia, críticos advierten sobre la posibilidad de una mayor politización y debilitamiento institucional.