La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México ha informado sobre las acciones emprendidas tras el anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien solicitó denuncias por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos bajo custodia o en operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. La SRE, bajo la dirección del canciller Roberto Velasco, ha detallado que este lunes se iniciaron varias medidas, incluyendo la presentación de una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante fiscalías estatales.
La SRE ha coordinado esfuerzos con la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar la denuncia a través de la Embajada de México en Estados Unidos. Además, se han comenzado a presentar denuncias ante las fiscalías estatales competentes, utilizando canales diplomáticos desde la red consular. Las acciones civiles incluyen el envío de escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde han ocurrido estas defunciones.
El primer escrito, suscrito por el consultor jurídico de la SRE, fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, donde han fallecido cuatro mexicanos. El propósito de estos documentos es que se detengan acciones u omisiones que hayan contribuido a estas muertes, como el acceso restringido a atención médica adecuada y la implementación de políticas no alineadas con los estándares médicos.
Asimismo, el canciller Velasco ha comunicado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sobre las muertes y ha solicitado que se recabe información de las autoridades estadounidenses, se analice la situación conforme a obligaciones internacionales, y se formulen recomendaciones pertinentes al Consejo de Derechos Humanos.
Las acciones descritas son parte de una fase de investigación previa al ejercicio de posibles acciones judiciales. La SRE ha reiterado su apoyo a las familias de las víctimas y ha afirmado que el Gobierno de México actuará con firmeza en la defensa de los derechos de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, utilizando los canales institucionales disponibles en ambos países y de acuerdo con el derecho internacional.