Diputados de Morena han presentado una iniciativa para posponer la elección de jueces hasta 2028. La propuesta surge tras 19 meses de haber sido aprobada anteriormente y se justifica en la necesidad de evitar riesgos institucionales relacionados con la concurrencia de esta elección con otros comicios.
La iniciativa, firmada por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, advierte sobre la posibilidad de una menor deliberación pública sobre los perfiles técnicos, la saturación informativa para los votantes y el incremento del voto desinformado. También se señala que la politización de las candidaturas judiciales y la presión sobre la autoridad electoral pueden afectar el proceso.
El proyecto sugiere que la elección de los jueces debe contar con un proceso electoral propio. Se busca establecer criterios objetivos y homogéneos para la evaluación, eliminando requisitos formales que no reflejan necesariamente competencias substanciales. Entre los cambios propuestos, se destaca la exigencia de una certificación de competencias actualizada emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial y un mínimo de diez años de experiencia en la actividad jurídica.
Asimismo, se establece que al menos cinco de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán haber ejercido al menos cinco años dentro del Poder Judicial, aunque para los otros cuatro no será obligatoria esta experiencia previa. La propuesta modifica varios artículos de la Constitución y será revisada por la Comisión de Puntos Constitucionales.
El documento también plantea que no se podrá ser candidato a ministro si se ha ocupado un cargo relevante en los últimos años, como titular de una Secretaría federal o estatal, lo que busca garantizar la imparcialidad del proceso. En caso de aprobarse, el Instituto Nacional Electoral se encargará de publicar la convocatoria para la integración de candidaturas un año antes de la elección.
El proyecto propone la conformación de un Comité Único de Evaluación para seleccionar a los candidatos, eliminando el esquema actual donde participan los tres poderes de la unión. Además, se contempla que el CUE evalúe a los aspirantes mediante exámenes elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
La iniciativa también establece que cada cuatro años el Pleno de la Suprema Corte elegirá a su presidenta, quien no podrá ser reelecta para el periodo inmediato posterior. La discusión de la reforma judicial, que fue aprobada en septiembre de 2024, continúa en el Congreso.