El Parlamento de Nicaragua ha iniciado un plan para reformar la Constitución y otras leyes, siguiendo instrucciones del presidente Daniel Ortega, con el objetivo de restringir la participación de la oposición en futuros procesos electorales. Este movimiento ha suscitado la oposición inmediata y el rechazo de países como Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, quienes han expresado preocupaciones por la salud de la democracia en la nación centroamericana.
El Ejecutivo, a través de un Parlamento completamente alineado con el oficialismo, ha programado sesiones extraordinarias con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para establecer las bases normativas de las reformas. Ortega, durante una reciente conmemoración del aniversario de la revolución sandinista, afirmó que no permitirá que procesos democráticos amenacen su control sobre el gobierno.
Además, convocó a los legisladores a crear leyes que impidan a la oposición participar en las elecciones, enfatizando que la influencia externa, en particular de Estados Unidos, no debería permitirles competir. Ortega ha manifestado que el objetivo es evitar cualquier intento de la oposición de “atrapar el poder”.
Desde el exterior, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, denunció la intención de Ortega de consolidar un régimen autoritario, sugiriendo que ha abandonado la fachada de consentimiento popular. Rubio llamó a la comunidad internacional a demonstrar firmemente su rechazo a las acciones de Ortega y Murillo, argumentando que el respeto a la voluntad popular es fundamental para la estabilidad democrática en el hemisferio.
Panamá, a su vez, ha convocado a consultas a su embajador en Nicaragua como respuesta a las recientes declaraciones de Ortega, indicando que la supresión del derecho al voto es un agravio a los principios democráticos. Este movimiento representa una disminución en el nivel de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Además, el gobierno de Costa Rica ha indicado una preocupante alarmante por el cierre sistemático de espacios cívicos y la represión de voces disidentes en Nicaragua. La oposición nicaragüense ha instado a la comunidad internacional a ejercer una presión significativa para reabrir la ruta hacia la democracia en el país.
Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, comparte ahora la presidencia con Rosario Murillo, quien fue nombrada copresidenta tras una reforma constitucional en 2025. Su gobierno es objeto de acusaciones de fraude electoral y de eliminar a competidores políticos para mantener su hegemonía.