La comunidad internacional enfrenta un desafío significativo en la lucha contra el VIH, marcado por recortes en el financiamiento global y un retroceso en los derechos humanos, según un reciente informe de ONUSIDA. Presentado durante la Conferencia Internacional sobre el Sida, el documento subraya que, sin medidas inmediatas, podría producirse un resurgimiento de la epidemia.
En 2025, el mundo no logró cumplir los objetivos globales relacionados con el VIH, con 1.2 millones de nuevas infecciones y 570,000 decesos por enfermedades vinculadas al sida. Aunque las cifras reflejan los niveles más bajos en tres décadas, la situación permanece delicada, con aproximadamente 41 millones de personas viviendo con el virus, de las cuales casi 9 millones carecen de acceso al tratamiento antirretroviral. En particular, se destaca que cerca de la mitad de los niños infectados no reciben tratamiento.
El informe señala la disminución de la financiación externa para programas de VIH en países de ingresos bajos y medios, que se redujo en un 18%, alcanzando su nivel más bajo en casi dos décadas. Esta caída impacta negativamente en los programas de prevención y en las organizaciones comunitarias que dependen de la cooperación internacional. Se informa que en algunos países, los recursos destinados a la compra de preservativos se han reducido en más del 90%.
Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, advirtió que «la era de depender de la ayuda internacional ha terminado» y sugirió la reestructuración de la deuda de las naciones más afectadas. Estas naciones, muchas de ellas en África, financian más del 90% de su respuesta al sida mediante asistencia oficial para el desarrollo.
El informe también resalta avances en la prevención, como el desarrollo de lenacapavir, un medicamento inyectable que se administrará dos veces al año a un precio reducido de 40 dólares anuales en países de ingresos bajos a partir de 2027. Sin embargo, se menciona que el acceso a estas innovaciones es desigual. Brasil, por ejemplo, ha incrementado un 41% el uso de la profilaxis preexposición, pero enfrenta barreras para acceder a lenacapavir que limitan su producción.
ONUSIDA también alerta sobre el incremento de políticas que criminalizan a las poblaciones vulnerables. En 2025, Burkina Faso y Níger aprobaron leyes contra relaciones entre personas del mismo sexo; Senegal endureció sus sanciones en 2026. En total, 168 países criminalizan el trabajo sexual y 66 penalizan las relaciones homosexuales, lo que incrementa el temor hacia el acceso a servicios de salud.
A pesar de estos retos, el informe identifica qué países han logrado reducir nuevas infecciones en un 80% desde 2010 y destaca que 11 naciones han alcanzado las metas de tratamiento conocidas como 95-95-95. En junio de 2026, 149 Estados miembros de la ONU aprobaron una nueva Declaración Política sobre el VIH/Sida, que establece objetivos para 2030, incluyendo el tratamiento a 40 millones de personas y la oferta de prevención antirretroviral a 20 millones.
ONUSIDA estima que, si se cumplen estos compromisos, podrían evitarse 3.2 millones de nuevas infecciones y 1.3 millones de muertes relacionadas con el sida antes de 2030. La organización concluye que la opción está en manos de los gobiernos: retroceder y arriesgarse a un resurgimiento o avanzar para poner fin al sida como amenaza a la salud pública.