El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas ha declarado que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo fue «arbitraria», demandando su liberación inmediata y el establecimiento de un mecanismo de indemnización. El dictamen, emitido el 4 de junio, resalta que dicha detención violó varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuestionando la base legal que sustentó su encarcelamiento.
El grupo también criticó las condiciones de su detención, subrayando la falta de fundamento para la prisión preventiva y la ausencia de garantías de un juicio justo. En consecuencia, recomendó que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias de la privación de libertad de Castillo y que se adopten medidas contra aquellos responsables de violaciones a sus derechos.
Además, instó al Gobierno de Perú a proporcionar un informe sobre las acciones tomadas en respuesta a estas recomendaciones en un plazo de seis meses. Castillo, detenido desde diciembre de 2022 tras un intento fallido de disolución del Congreso, fue condenado a 11 años y 4 meses de prisión por conspiración.
El actual mandatario interino, José María Balcázar, ha indicado que se requiere una justificación jurídico-constitucional para otorgar cualquier forma de indulto, aunque ha manifestado su disposición a considerar la solicitud presentada en la Comisión de Gracias Presidenciales. El ministro de Justicia, Luis Jiménez, indicó que tal solicitud está en revisión, conforme a lo establecido en la Constitución peruana, que permite al gobierno ejercer el derecho de gracia en circunstancias específicas.
Pedro Castillo, a través de un mensaje en redes sociales, ha instado a la justicia peruana a acatar el dictamen de la ONU, advirtiendo que ignorar estas recomendaciones podría acentuar la percepción de persecución política e implicar un incumplimiento de las normas de derecho internacional. En virtud de la situación actual, el liderazgo peruano se enfrenta a un escenario complejo que podría tener repercusiones significativas en la gobernanza y en las relaciones internacionales del país.