Desde noviembre de 2024, el Operativo Enjambre, implementado por el Gobierno federal en México, ha resultado en la detención de 147 funcionarios en al menos cinco estados del país. Este operativo busca desarticular redes de protección al crimen organizado que operan dentro de gobiernos municipales y cuerpos policiales. Las detenciones han incluido a alcaldes, mandos policiales y altos funcionarios por presuntos delitos de extorsión y vínculos con organizaciones criminales.
La operación se inició el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, donde autoridades federales y estatales ejecutaron órdenes de aprehensión contra servidores públicos. Entre los primeros detenidos figuraron María Elena «N», alcaldesa de Amanalco, y directores de seguridad pública en municipios como Naucalpan e Ixtapaluca.
El Operativo Enjambre involucra la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y otras entidades locales. Las investigaciones se basan en la recopilación de información a través de inteligencia financiera, análisis de comunicaciones y despliegues coordinados para evitar filtraciones.
Hasta la fecha, se han registrado detenciones significativas fuera del Estado de México, incluyendo la captura de Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, Jalisco, investigado por extorsión y nexos con el Cártel Nueva Generación, así como múltiples funcionarios en Morelos, donde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reactivó el Operativo Enjambre.
Las recientes capturas en Morelos han resaltado la existencia de redes de corrupción y extorsiones vinculadas a grupos criminales. Además, se han ejecutado investigaciones que involucran a figuras cercanas a la gobernadora del estado.
El operativo ha sido comparado con el “Michoacanazo” de administraciones anteriores, pero el Gobierno actual asegura que esta estrategia se sustenta en métodos más sofisticados para evitar irregularidades procesales. Hasta el momento, han sido condenados 20 ex funcionarios del Estado de México por delincuencia organizada y otros delitos graves.
Además de sus resultados, expertos han señalado la importancia de que las fiscalías estatales incrementen su participación en la investigación y que la estrategia se extienda para abarcar no solo a los políticos, sino también a las estructuras financieras del crimen organizado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha reportado más de mil años de prisión acumulados en sentencias emitidas hasta ahora contra involucrados en redes de corrupción y crimen organizado.
La continuidad del Operativo Enjambre dependerá de la capacidad de las fiscalías para consolidar pruebas que sostengan las detenciones y logren sentencias condenatorias efectivas.