Organizaciones civiles han señalado el incumplimiento de las medidas de reparación y protección tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el feminicidio de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años asesinada en 2015 en el Estado de México. Este caso es emblemático de la impunidad en una nación donde, en promedio, diez mujeres son asesinadas diariamente.
El fallo de 2025 reconoció a los familiares de víctimas de feminicidio como víctimas indirectas con derecho a recibir una reparación integral del daño. La sentencia también destacó las afectaciones sufridas por la familia de Fátima debido a la violencia institucional, incluida la muerte de su hermano, Daniel Quintana, en 2020.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha alertado que, un año después de la sentencia, las autoridades aún no han implementado medidas cruciales como vigilancia policial y transporte seguro para menores. Asimismo, la familia de Fátima no ha recibido los apoyos prometidos, incluyendo atención psicológica y actos públicos de disculpa.
El OCNF criticó que la falta de acción institucional perpetúa el daño a la familia y promueve un ambiente de impunidad ante la violencia feminicida. En palabras de Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, el Estado mexicano mantiene un sistema de justicia que no responde adecuadamente a las necesidades de las familias de las víctimas.
Gutiérrez expresó su decepción hacia las recientes autoridades, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, quienes prometieron cambios en el acceso a la justicia para las madres de víctimas.
Desde 2015, más de 8,000 feminicidios han sido registrados en México, con un total de 26,652 mujeres asesinadas entre 2018 y junio de 2025, según datos de organizaciones no gubernamentales.