El diputado local Jorge Espadas Galván, del Partido Acción Nacional (PAN), anunció su intención de reunirse con el fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, para discutir modificaciones al Código Penal del Estado encaminadas a aumentar las sanciones por fraudes relacionados con la venta irregular de lotes. Espadas explicó que la propuesta busca fortalecer las medidas contra individuos que estafan a familias vulnerables vendiendo múltiples veces los mismos terrenos.
Aunque no se proporcionó un número específico de casos de fraude, el legislador consideró urgente incrementar las penalizaciones a quienes incurren en estas prácticas. Espadas, durante una rueda de prensa en el Comité Estatal del PAN, mencionó que también se espera la aprobación de una Ley para la Regularización de Predios antes de que finalice el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso, que concluye el 25 de junio.
La iniciativa busca otorgar certeza jurídica a familias que habitan en asentamientos irregulares, lo que les permitirá acceder a servicios básicos como agua, drenaje y electricidad. La nueva legislación establecerá un procedimiento para regularizar predios que cumplan con ciertos requisitos, acelerando trámites que actualmente pueden demorar años. Se especifica que las viviendas no deben estar ubicadas sobre ductos de Petróleos Mexicanos; además, el asentamiento debe tener al menos cinco años de antigüedad, poseer infraestructura básica y contar con un mínimo de ocupación del 30% de los lotes.
Por otra parte, el diputado federal panista, Miguel Salim, está promoviendo un registro público de notarios sancionados. Esta propuesta busca que los gobiernos estatales y los Colegios de Notarios implementen un sistema que permita a la ciudadanía verificar si un notario ha sido sancionado por conductas indebidas en el ejercicio de su función. Salim indicó que el registro proporcionaría transparencia y certeza a los usuarios de servicios notariales.
El registro debería ser accesible y mantenerse actualizado, asegurando así que los ciudadanos tengan acceso a información clara sobre la reputación de los notarios. La propuesta busca proteger a la ciudadanía sin afectar a los notarios que cumplen con la ley, fomentando la confianza en el sistema notarial y garantizando que quienes tienen sentencias firmes no continúen perjudicando a los ciudadanos.