Rubén Rocha Moya ha retomado oficialmente la gubernatura de Sinaloa tras una licencia de casi cuatro meses, una acción que se produce después de que la Fiscalía General de la República determinara la inexistencia de pruebas en su contra relacionadas con vínculos al narcotráfico, según acusaciones del gobierno estadounidense. Esta decisión implica no solo un alivio para Rocha Moya, sino también un impacto significativo en la estabilidad política del estado.
El gobernador comunicó su regreso a través de redes sociales, reafirmando que su mandato está programado para concluir en octubre del próximo año. Su salida temporal fue anunciada en mayo, a raíz de las alegaciones de conexión con el cártel de «Los Chapitos», las cuales también involucraron a otros nueve miembros de su equipo.
Después de 112 días de indagaciones, la Fiscalía emitió un veredicto claro: no se encontraron elementos que pudieran sostener acusaciones penales en su contra. Rocha Moya, al declararse inocente, cuestionó la veracidad de los señalamientos, atribuyendo su origen a intereses políticos adversos, a los cuales caracterizó como «personeros de la ultra derecha».
Con su retorno, Rocha Moya enfatiza su compromiso con el movimiento político de izquierda que representa. Manifestó su intención de defender su honorabilidad y la de su familia, al mismo tiempo que reitera su obligación hacia la ciudadanía de Sinaloa, fiel a los principios que guían su gestión.
En conclusión, la resolución de la Fiscalía y el reintegro del gobernador no solo reconfiguran el panorama político en Sinaloa, sino que también destacan el papel del poder ejecutivo en la gestión de crisis relacionadas con la justicia y la seguridad pública. La situación subraya la importancia de la transparencia en los procesos de investigación y la resiliencia de los funcionarios electos ante acusaciones críticas.