Claudia Sheinbaum ha desmentido las acusaciones de que su administración esté construyendo una «nueva versión histórica» sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esta afirmación se produce en un contexto de renovada atención mediática y social sobre un caso que ha marcado profundamente la política mexicana. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta destacó la solidez de las investigaciones actuales, distanciándose de las críticas que persisten en torno a la administración de Enrique Peña Nieto.
La reciente publicación de un informe por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), a 12 años de la desaparición, ha reactivado los análisis sobre las circunstancias de aquella noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Este informe incluiye nuevas líneas de investigación que enfatizan un posible nexo con llamadas telefónicas realizadas en el momento crítico y menciona el papel de una funeraria, abriendo así puertas a hipótesis que habían sido parcialmente descartadas anteriormente.
Entre los puntos destacados de este nuevo enfoque se encuentran:
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La reincorporación de la teoría de que los jóvenes se encontraban en la barandilla de Iguala, revisitando una línea investigativa que había sido desestimada bajo la gestión de Jesús Murillo Karam, exprocurador en aquel momento.
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La presidenta Sheinbaum enfatizó que esta nueva fase de investigación se apoya en evidencia científica, a diferencia de las indagaciones previas, que dependían en gran medida de testimonios —un enfoque que, según la presidenta, presentó inconsistencias.
Además, Sheinbaum manifestó que el estado de derecho se mantiene intacto y que se está cumpliendo la ley. Subrayó que “jamás se fabricará una prueba y menos en un caso tan delicado”, reafirmando su compromiso con un proceso judicial claro y fundamentado.
Ante cuestionamientos sobre si se llamará a declarar a exfuncionarios de alto nivel, como el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong o el expresidente Enrique Peña Nieto, Sheinbaum insistió en que tales decisiones dependerán de si existe evidencia suficiente que permita avanzar en la investigación, en línea con lo estipulado por el sistema penal acusatorio.
Este desarrollo refleja un esfuerzo por restablecer la credibilidad del proceso investigativo y abordar una de las crisis más emblemáticas de la política mexicana contemporánea. La transparencia y la solidez de las evidencias presentadas serán cruciales para generar un consenso entre la ciudadanía y las instituciones, buscando finalmente justicia para los familiares de los desaparecidos.