La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha solicitado formalmente al Gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum que entreguen al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que responda ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Este llamado resalta un momento crítico en las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos, donde los impactos sobre la soberanía y el Estado de derecho se vuelven centrales.
En un video compartido en sus redes sociales, Campos mencionó que la actual tensión bilateral es resultado de la protección que, según sus afirmaciones, el gobierno de Morena otorga a funcionarios implicados en estas investigaciones. La gobernadora enfatizó que la verdadera amenaza a la soberanía de México proviene de la impunidad en el crimen organizado, más que de la interferencia extranjera.
“Las fiscalías persiguen a quienes intentamos combatir el crimen, mientras que los acusados de narcotráfico permanecen intocables. Desde el oficialismo se califica esta protección como defensa de la patria”, subrayó Campos, aumentando la presión sobre la administración actual.
La respuesta del partido Morena, liderado por Ariadna Montiel, fue inmediata. Montiel acusó a Campos de “promover” la intervención extranjera en un contexto de alta sensibilidad tras el fallecimiento de dos agentes estadounidenses en un accidente. “¿Cómo te atreves a dar lecciones sobre ‘seguridad y soberanía’ cuando dejas a Chihuahua enfrentando altos índices de violencia?”, cuestionó Montiel en un comunicado en redes sociales.
Este intercambio público plantea interrogantes sobre la gestión de la seguridad interna y los intereses diplomáticos. A medida que la situación se desarrolla, se hace evidente que el debate sobre la política de seguridad y las relaciones internacionales en México se está intensificando, afectando no solo la percepción pública, sino también las dinámicas políticas internas y el escenario electoral que se avecina.