El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reintegró sus funciones el 21 de agosto, tras un periodo de 112 días de licencia. Su ausencia se debió a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que fueron desestimadas. Al regresar, el gobernador emitió un mensaje dirigido a sus opositores, señalando que intentaron dañar su imagen y a su movimiento político.
Rocha Moya había solicitado separarse de sus funciones el 1 de mayo para permitir que la FGR llevara a cabo las indagatorias necesarias sin el impedimento del fuero constitucional, del cual renunció por su «convicción personal». Las imputaciones surgieron a raíz de un expediente judicial en Estados Unidos que lo vinculaba con «Los Chapitos», una facción del Cártel de Sinaloa. A lo largo de su licencia, el mandatario colaboró con las autoridades, compareciendo ante el ministerio público y respondiendo a las solicitudes de información.
Durante su reintegración, el gobernador subrayó que no existen elementos que sustenten su participación en conductas delictivas, y enfatizó su inocencia ante la ley. Pese a ello, la FGR no ha emitido ninguna resolución oficial que lo exonere de cualquier implicación. Rocha Moya manifestó que las acusaciones provenientes de sectores conservadores tienen motivaciones políticas y buscan menoscabar el avance de la Cuarta Transformación, liderada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En su discurso, el gobernador reafirmó su compromiso con las causas sociales y su trayectoria en la lucha por los sectores vulnerables de Sinaloa. Aseguró que retoma su cargo con «la frente limpia», sosteniendo que su regreso a la administración es una reafirmación de su integridad y un compromiso hacia su gestión gubernamental.