La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que la reforma constitucional al Poder Judicial, fundamental para consolidar el también llamado “Plan C”, será de las primeras en tramitarse en septiembre -cuando se instale el nuevo Congreso de la Unión y un mes antes de que ella asuma el poder-, pero aseguró que antes se abrirá un proceso de diálogo y consulta pública.
Sheinbaum hizo estas declaraciones ayer, en su primera rueda de prensa en Palacio Nacional, tras la victoria electoral del 2 de junio y después de comer con López Obrador para hablar del periodo de transición de poder que culminará el próximo 1 de octubre, cuando empezará su sexenio.
La reforma constitucional al Poder Judicial, que incluye elegir a miembros de la Corte por votación popular, es una de las más criticadas por los integrantes de la oposición y generó intranquilidad en los mercados porque, según sus detractores, podría poner en riesgo la separación de poderes.
Sheinbaum aseguró que, antes de debatirla en el Poder Legislativo, quiere que la iniciativa se conozca.
Detalló que se hará “una discusión muy amplia” no sólo en sede parlamentaria sino en las universidades, entre gremios de abogados, los propios jueces y los trabajadores del Poder Judicial, señaló.
“Ambos estuvimos de acuerdo en que sea así”, subrayó en referencia a López Obrador.
Al ser cuestionada sobre si aceptaría cambios al proyecto del actual Presidente, dijo que eso se decidiría después de abrir el debate, pero aseveró que querría que fuera una de las primeras en ver la luz, de manera que se avale en septiembre o “por lo menos en los primeros meses” de su administración.
La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México indicó también que hoy recibirá a una comitiva del presidente estadounidense, Joe Biden, y que presentará a su gabinete la próxima semana. No dio pistas sobre quiénes lo conformarán, pero sí se comprometió a que “por lo menos tiene que ser paritario”.
López Obrador había dicho previamente que era importante conversar con su sucesora para “planear cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer, con cuántos recursos contamos, cuáles van a ser las prioridades porque hay muchas demandas”.
Uno de los puntos más espinosos y que genera mayor rechazo entre quienes están en contra es la batería de reformas constitucionales que López Obrador mandó al Congreso en febrero. Además de la del Poder Judicial, se cuestiona la que plantea eliminar organismos reguladores, como el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, entre otros.
Pero antes que esta última, Sheinbaum dijo que quiere consagrar en la Carta Magna nuevos derechos sociales, como un apoyo a las mujeres de entre 60 y 64 años, previo a la pensión universal.
Aunque falta que el Tribunal Electoral analice las impugnaciones y decrete los resultados oficiales finales de las votaciones para la Cámara de Diputados y al Senado, Morena y sus aliados tendrían mayoría calificada en San Lázaro y estarían a dos escaños de conseguirla también en la Cámara Alta, con lo que lo más previsible es que los cambios en la Constitución puedan aprobarse.
