Ayer, el pleno de la Cámara de Diputados comenzó la deliberación y votación del dictamen relacionado con la Reforma Judicial que ha sido promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este debate surge en un contexto de críticas por parte de la oposición, una paralización de actividades por parte de trabajadores y jueces del Poder Judicial de la Federación, y a pesar de la decisión de una jueza federal que suspendió temporalmente la discusión.
La reforma judicial es parte de un paquete de 20 propuestas que el presidente presentó en febrero para modificar diversos aspectos de la Constitución. El dictamen en cuestión incluye tres modificaciones significativas que se detallan a continuación.
La propuesta de dictamen sugiere enmendar el artículo 95 de la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como los miembros de la Sala Superior y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sean elegidos por votación libre, directa y secreta por un período de 12 años, en lugar de los 15 años actuales.
En 2025 se celebrará una elección extraordinaria para renovar a estos cargos, y los actuales ocupantes podrán postularse, según informó en febrero la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Para aspirar al cargo de ministro, los candidatos deben contar con un título de licenciado en derecho con un promedio mínimo de 8.0 y de 9.0 en las materias relacionadas con el puesto, además de tener al menos cinco años de experiencia en el campo jurídico.
Los aspirantes deberán presentar «un ensayo de tres páginas en el que expliquen las razones de su candidatura y proporcionar cinco cartas de recomendación de vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para el cargo».
En el caso de los ministros de la SCJN, la duración en el cargo sería de ocho, 11 o 14 años, dependiendo de los resultados de la votación.
Actualmente, los ministros son propuestos por el presidente a través de una terna, y su elección requiere el respaldo de al menos dos terceras partes de los senadores en el momento de la votación. Los magistrados y jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal.
La iniciativa establece que cada uno de los poderes (Ejecutivo, Judicial y Congreso) formará un comité de evaluación compuesto por cinco personas «reconocidas en el ámbito jurídico» para analizar las candidaturas. El Instituto Nacional Electoral (INE) se encargará de contar los votos, publicar los resultados y emitir las constancias de mayoría para las candidaturas con más votos.
Reestructuración de la SCJN
El dictamen también prevé la modificación del tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución para reducir el número de ministros de la SCJN de 11 a 9 y acortar el período de su encargo de 15 a 12 años.
La presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años de forma rotativa según los votos obtenidos en la elección, correspondiendo la presidencia a quienes reciban la mayor cantidad de votos, según el dictamen. Actualmente, los ministros eligen a su presidente.
Además, se eliminarían las dos salas actuales del máximo tribunal, realizando solo sesiones en el pleno, que deberán ser públicas y transparentes para garantizar el acceso a los temas discutidos.
Se contempla también la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros, y un ajuste en sus salarios al límite máximo establecido para el presidente de México, que, según el Gobierno federal, es de aproximadamente 8 mil dólares mensuales.
Reemplazo del Consejo de la Judicatura Federal
La reforma propone sustituir al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), responsable de la administración y supervisión de los jueces, por dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
El Tribunal de Disciplina Judicial se encargará de las funciones administrativas, la carrera judicial, el control interno y la elaboración del presupuesto del Poder Judicial.
El Órgano de Administración Judicial estará compuesto por cinco personas designadas por un período de seis años. El Poder Ejecutivo nombrará a uno, el Senado a otro, y la SCJN a tres.
La presidencia de este órgano cambiará cada dos años de manera rotativa entre sus miembros, de acuerdo con los resultados de la votación.
Entre sus funciones estarán la recepción de denuncias de cualquier persona o autoridad e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley o a la administración de justicia.
La reforma también introduce la figura de «jueces sin rostro» para proteger a quienes se encarguen de casos relacionados con el crimen organizado. «En casos de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá adoptar las medidas necesarias para preservar la seguridad y proteger la identidad de los jueces», señala el documento.
Actualmente, el CJF está compuesto por siete miembros: el presidente de la Suprema Corte (que también preside el Consejo), tres magistrados y jueces de distrito designados por el pleno de la Corte, dos consejeros nombrados por el Senado y uno por el presidente de México.
