¿Cómo quedaron los hospitales en el sexenio? López Obrador reconoce la situación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a finales de septiembre, cuando deje el cargo, se tendrán todos los médicos especialistas, sin embargo admitió que dejará hospitales pendientes para la próxima administración.

En su conferencia matutina de este viernes, López Obrador reconoció que no le alcanzará el tiempo para dejar hospitales terminados, como el de Tlapa, Guerrero, con el dinero que se obtuvo por la venta del avión presidencial.

Comentó que se avanza en la construcción de cinco hospitales como el O’Horán, en Yucatán, y el de Tuxtepec, que serán inaugurados por la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum: «Lo mismo dos hospitales más, uno en Puebla del IMSS ordinario, y el hospital de Zaragoza, el de Ticul también», añadió.

«Ya está el compromiso de que van a quedar prácticamente terminados en obra civil a finales de este mes, pero la instalación y la operación va a llevar dos meses más, los van a estar inaugurando en diciembre. En el caso del ISSSTE también son seis», indicó López Obrador.

«Van a quedar obras que la Presidenta va a concluir», dijo al asegurar que hay presupuesto.

López Obrador añadió: «A finales de este mes vamos a tener todos los médicos generales y todos los especialistas, ya las enfermeras, los enfermeros, prácticamente están completos para todos los centros de salud, unidades médicas, hospitales del sector salud».

Intervienen fuerzas federales en disputa entre exdiputada de Morena y subdelegados del ISSSTE en Guanajuato

Una presunta disputa entre subdelegados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Guanajuato ha generado la intervención de la Guardia Nacional, el Ejército y la policía municipal. El conflicto involucra despidos, contratación de personal y acusaciones de abuso de poder, y se agravó cuando la subdelegada y exdiputada por Morena, María Magdalena Morales Cruz, impidió el acceso al personal que realizaría una auditoría. A continuación, se detallan los acontecimientos y la respuesta de las autoridades.

Una disputa entre los subdelegados del ISSSTE en Guanajuato, María Magdalena Morales Cruz y Alan Emmanuel Castillo Alcántar, ha generado tensiones y la intervención de las fuerzas federales. El conflicto se originó por despidos, contratación de personal y denuncias de abuso de poder y prepotencia.

En un video que se hizo viral, la subdelegada Morales Cruz impidió el acceso al personal recién contratado que realizaría una auditoría en las instalaciones del ISSSTE. En el video, se puede ver a Morales Cruz bloqueando el paso de un trabajador mientras solicita apoyo policial y llama al presidente municipal Javier Mendoza Márquez para pedir una patrulla.

Finalmente, elementos del Ejército respondieron al llamado de la subdelegada y llevaron a cabo las auditorías en las instalaciones. La presencia de las Fuerzas Armadas generó un escándalo en la región.

Los trabajadores del ISSSTE han denunciado irregularidades y abuso de poder durante varios meses, y la situación se agravó con el despido de tres funcionarios cercanos a la exdiputada Morales Cruz. La subdelegada ha sido objeto de controversia debido a su comportamiento presuntamente prepotente.

La disputa entre los subdelegados del ISSSTE en Guanajuato y la posterior intervención de la Guardia Nacional y el Ejército reflejan un conflicto interno en la institución. La situación pone de manifiesto preocupaciones sobre la gestión y las tensiones políticas en el ISSSTE. El episodio destaca la importancia de abordar adecuadamente las denuncias de abuso de poder y garantizar la transparencia en las instituciones gubernamentales.

Revelan casos de corrupción y fraude millonario en contratos y pensiones del ISSSTE

Un extenso análisis llevado a cabo por el gobierno de México ha expuesto una serie de situaciones de corrupción que han tenido lugar en contratos y pensiones en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante los últimos doce años.

Los hallazgos de irregularidades involucran a figuras destacadas como funcionarios, políticos, intermediarios y empleados del instituto. Estas conductas han generado contratos irregulares por un total de 88 mil millones de pesos y un fraude en el ámbito de las pensiones que asciende a 15 mil millones de pesos.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, comunicó durante una conferencia matutina junto al presidente Andrés Manuel López Obrador: «Por medio de actos de corrupción, ciertas partes se beneficiaron con contratos que sumaron alrededor de 254 mil millones de pesos en el sector de la salud en su totalidad. De este monto, más de 88 mil millones de pesos correspondieron a contratos celebrados con el ISSSTE».

Los descubrimientos de irregularidades en los contratos incluyen la escasez de medicamentos, robos en farmacias, carencia de mantenimiento en hospitales y equipo médico deficiente. Rodríguez expresó su preocupación por la identificación de «empresas cuyos propietarios eran funcionarios, políticos y representantes, además de la falta de suministro de medicamentos como resultado de la corrupción. Junto con esto, las empresas privadas se beneficiaban ampliamente mientras que el inventario y la gestión de las farmacias eran manejados de manera inadecuada».

«Adicionalmente, el robo menor de medicamentos también contribuía a que los ciudadanos no recibieran su tratamiento completo. Además de esto, las instalaciones médicas sufrían un deterioro considerable debido a que no se había llevado a cabo mantenimiento básico indispensable en más de dos décadas», agregó.

En lo que respecta al equipo médico, Rodríguez señaló que se habían pasado doce años sin adquirir elementos esenciales como rayos X portátiles y equipo para ecocardiogramas.

Respecto al tema de las pensiones, Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, reveló que las pensiones que se cobraron de manera irregular habían ocasionado un fraude por 15 mil millones de pesos en perjuicio del instituto.

Medina Padilla explicó: «Este es un modelo de corrupción en el que antiguos empleados del instituto, en colaboración con intermediarios, abogados privados y empleados de los tribunales laborales, presentaron miles de demandas ante las juntas de conciliación y arbitraje del norte del país. El objetivo era obtener pensiones más sustanciosas y beneficios contrarios a la ley».

«Los beneficiarios de estas sentencias ilegales sobornaban a los funcionarios del instituto, a los empleados de las juntas laborales, y entregaban generosos honorarios a los bufetes de abogados y otros intermediarios que formaban parte de este fraude», continuó.

Las autoridades identificaron más de 100 casos en los que los pagos de pensiones superaban los 270 mil pesos mensuales.

La Procuraduría Fiscal, en cooperación con la Fiscalía General de la República, ha logrado llevar a juicio a 22 individuos relacionados con este asunto, de los cuales ocho han sido formalmente imputados.

Medina Padilla añadió: «Además, como parte de nuestros esfuerzos por detener el deterioro del patrimonio del instituto, la Procuraduría Fiscal de la Federación, en colaboración con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría del Trabajo y el propio instituto, hemos presentado 31 denuncias ante la Fiscalía General de la República. En la actualidad, estas denuncias están siendo gestionadas en 25 carpetas de investigación».