Senado prepara reforma para la venta de drones

Senadores de Morena alistan reformas para regular la venta en plataformas digitales de drones de gran capacidad de vuelo y cargamento, para evitar que sean adquiridos y modificados por los cárteles de la droga y otros grupos criminales con fines delincuenciales, de decir espionaje, como armas letales o lanzamiento de bombas.

Entre los aspectos que se busca incluir en esta reforma complementaria a la que se aprobó recién este año y que sanciona con 40 años de prisión a quienes utilicen los drones con estos fines, se plantea crear un catálogo nacional de todos los que compran y operan estas aeronaves.

Al respecto, el senador Antonino Morales Toledo reconoció que México ha avanzado significativamente en regular la operación de aeronaves pilotadas remotamente (RPAS por sus siglas en inglés), incluso el Senado aprobó una iniciativa del ex presidente López Obrador para sancionar severamente el uso indebido, pero hace falta legislar el mercado existente.

El senador por Morena reconoció que “para prevenir el uso ilícito, como las aeronaves que emplea la delincuencia organizada para atacar a los cuerpos de seguridad o contra las poblaciones, debemos llegar hasta los puntos de venta, es decir, que el registro de los drones y de los propietarios comience desde su importación y venta, principalmente, en las plataformas digitales, que es donde mayormente hay una venta intensiva y que es invisible para las autoridades”.

Expuso que entre los datos que deben ser incluidos en el registro de los drones está la geolocalización y los propietarios que pudiera tener a lo largo de su vida útil, como ocurre con los automóviles.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, coincidió en la necesidad de regular la compra vía plataformas electrónicas de este tipo de aparatos, sobre todo de gran capacidad en vuelo y carga, para evitar sean utilizados por criminales.

“Urge una regulación sobre estos artefactos toda vez que han sido utilizados en ataques perpetrados por el crimen organizado”.

Senado alista sorteo para elegir cargos judiciales en junio de 2025

Como parte de la reforma Judicial, este próximo sábado 12 de octubre el Senado de la República realizará un sorteo público para determinar los cargos judiciales que serán sometidos a votación popular el primer domingo de junio de 2025, anunció el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

A través de un video publicado en redes sociales, el senador de Morena explicó que conforme al segundo artículo transitorio de la reforma, la mitad de los titulares de magistraturas de Circuito y juzgados de Distrito serán seleccionados para esta primera elección.

«Este sábado 12 de octubre se realizará de manera pública el sorteo de cuáles serán los cargos que se elegirán, porque la mitad de las personas titulares de los juzgados se elegirán este primer domingo de junio de 2025, todas las magistradas, magistrados de tribunal de circuito, todas las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la mitad ya hay que sortearlo y en tiempo», mencionó.

Fernández Noroña reiteró que en esta primera quincena de octubre se emitirá la convocatoria para que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten sus candidaturas para la elección de jueces, magistrados y ministros.

Además recordó, que todas las actuales personas juzgadoras tienen pase directo a la elección, si así lo deciden.

Ministra Batres, contra la elección escalonada

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, afirmó que la elección popular de jueces al estilo gradual no ayudará al Poder Judicial, debido a que habría “inestabilidad” en las áreas de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Hay otros planteamientos de gradualidad o escalonamiento, obviamente tendrá que definirse, mientras no ponga en riesgo la propia reforma podrían ser viables”, añadió.

Durante los Diálogos para la Reforma al Poder Judicial, celebrados ayer en Querétaro, Batres manifestó que el PJF debe ser sometido a controles democráticos y para ello, los jueces deben ser electos por el pueblo para que no sean tratados como funcionarios judiciales aislados de la sociedad.

“Además, debemos funcionar bajo un principio de servicio y significa que tenemos obligaciones como servidores públicos… estamos sujetos o deberíamos estar al escrutinio público”, sostuvo.La ministra dijo que las personas impartidoras de justicia deben entender que su trabajo es un servicio público y no un título nobiliario o un reconocimiento a su carrera profesional.

Batres resaltó que la actual carrera judicial no es más que un sistema de escalafón con exámenes, donde lo común son las convocatorias cerradas, donde solo pueden participar los propios miembros del Poder Judicial.

López Obrador niega que se vayan a expropiar Afores para reforma a pensiones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes 19 de abril que la reforma que se plantea para usar las Afores inactivas de trabajadores mayores de 70 años, no es para robar, expropiar o confiscar los ahorros de los trabajadores, porque el derecho a reclamar su dinero no prescribe.

«No estamos aquí para perjudicar a los trabajadores, estamos aquí para beneficiarlos; los que roban son otros que no están aquí, no somos nosotros, para que empecemos a respetarnos, no somos iguales», dijo.

En la mañanera de hoy, acompañado por los titulares de Gobernación, Trabajo, IMSS, ISSSTE, Infonavit, entre otros, el titular del Ejecutivo dijo que no prescribe el derecho de los trabajadores de reclamar los recursos.

«(Esto) significa que quien tiene un depósito, por poco que sea, tendrá siempre el derecho a reclamarla, esa es la clave de todo, por eso nadie se puede robar la pensión porque queda a salvo el derecho del trabajador».

Recordó que ese dinero que no se reclama por ley tiene pasar al IMSS, por lo que las Afores deben entregar los recursos de cuentas inactivas de mayores de 70 años al Instituto.

Acusó que las Afores están sacando el cobre porque no quieren entregar los recursos de las pensiones no reclamadas.