Antes de diciembre, las 18 reformas: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la reforma para extinguir a los órganos autónomos, sí será aprobada, y adelantó que ocurrirá antes de que termine el año.

En el interior del recinto legislativo de San Lázaro, el líder parlamentario recordó que llevan siete de 18 reformas constitucionales aprobadas, como parte del paquete de iniciativas que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador envío el pasado 05 de febrero.

“La de órganos autónomos se está analizando, pero está contemplada en el paquete de aprobaciones de todas las reformas que se remitieron en agosto en la comisión de puntos constitucionales. Debe ser antes de diciembre porque tenemos hasta diciembre para sacar el paquete de 18. Está pesado, son 18, llevamos siete”, expresó.

Monreal Ávila aprovechó para advertir que en el análisis de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral “no habrá marcha atrás”.

“Vamos a ir al fondo y no nos vamos a detener”, indicó y agregó que la ciudadanía merece un sistema de impartición de justicia robusto, ya que por años se ha privilegiado la corrupción y la impunidad, aseveró.

El diputado guinda aseguró que quienes se oponen a la reforma es porque “quieren mantener sus privilegios económicos y políticos, y eso no lo vamos a permitir”.

Aseveró que la ciudadanía será quien tenga la última palabra con su voto en la elección de jueces, magistrados y ministros.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) insistió en que la Reforma Judicial es indispensable y conveniente, porque actualmente los impartidores de justicia no garantizan que ésta sea pronta y expedita.

Recordó también que el próximo 16 de octubre se emitirá la convocatoria para el registro de los candidatos a jueces, magistrados y ministros.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, dijo que la reforma judicial es un hecho y abre la oportunidad de construir un nuevo sistema fundado en la democracia con una generación de juzgadores surgida del voto popular.

Agregó que no se puede acusar que el Poder Judicial es mayoritariamente corrupto, en tanto no se puede probar, pero tiene fuertes defectos estructurales.

Durante su participación en un foro organizado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, en Querétaro, la ministra señaló que estas fallas estructurales favorecieron por décadas a un Poder Judicial de la Federación (PJF) que se asumía como contramayoritario, con la obligación de oponerse por sistema a las decisiones de las mayorías.

Reiteró que la reforma permitirá corregir las fallas estructurales del PJF.

Diputados buscan reforma a la Ley del Seguro Social

La diputada Amalia Dolores García Medina (MC) ha propuesto una iniciativa para ampliar de ocho a 12 semanas el periodo en el que un asegurado que haya perdido su empleo remunerado, pero que haya realizado al menos ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas antes de la pérdida, mantenga el derecho a recibir asistencia médica, de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, tanto para él como para sus beneficiarios.

La reforma a la Ley del Seguro Social también sugiere que, en el caso de menores de edad y considerando el interés superior de la niñez, estos derechos se extiendan hasta 24 semanas después de que alcancen la mayoría de edad. García Medina argumenta que las ocho semanas actuales en las que los asegurados y sus familias pueden acceder al seguro de enfermedades del Seguro Social son insuficientes, ya que encontrar un nuevo empleo suele llevar más de dos meses.

García Medina expone que las ocho semanas en que los asegurados y su familia conservan el derecho a acceder al seguro de enfermedades del Seguro Social, es muy poco tiempo, puesto que el encontrar un nuevo empleo difícilmente toma dos meses.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 29.8 por ciento de las desempleadas y desempleados se mantuvieron en esta condición hasta tres meses, mientras que el 18.8 por ciento de los mexicanos y mexicanas tardaron más de tres meses en conseguir empleo.

Indica que con la normativa actual después de esos dos meses posteriores a la pérdida del empleo la persona trabajadora y su familia quedarían en un grave estado de vulnerabilidad ante las enfermedades, que pudieran causar desde la ruina del patrimonio de la familia, hasta consecuencias irreversibles en la salud o incluso la muerte de la persona trabajadora o algún miembro de su familia.

Por ello, propone que, por una parte, el periodo de conservación de derechos del seguro de enfermedad se amplíe a tres meses, para ser más congruente con el tiempo que las personas tardan en volver a encontrar un empleo

También, busca asegurar que las personas trabajadoras que quedan privadas de un empleo, al menos tengan la seguridad de que sus hijos e hijas menores de edad quedarán cubiertos contra enfermedades hasta la mayoría de edad, en cumplimiento de los principios de universalidad y progresividad que deben regir en materia de seguridad social, pero sobre todo atendiendo al principio del interés superior de los niños y niñas de México.

Hace mención que la seguridad social es un derecho humano que se materializa a través de los beneficios o prestaciones que de forma organizada el Estado debe garantizar a todos los individuos de la sociedad y que tienen como finalidad protegerlos de los riesgos sociales y satisfacer sus necesidades básicas.

Puntualiza que, si la seguridad social en un país protege a su población en caso de enfermedad o no, o bajo qué parámetros, no se debe perder de vista que no solo protege a los trabajadores dependientes de un patrón. En este sentido, se tiene considerar que debe hacerse extensiva también a las familias de las y los trabajadores e incluso debe proteger a desempleados y sus familias.

El documento, que reforma el párrafo primero y adiciona un quinto párrafo al artículo 109 de la Ley del Seguro Social, fue remitido por la Comisión Permanente a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Plataformas electorales de los partidos ya pueden ser consultadas por la población: INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, informó que ya están disponibles para consulta de la población las plataformas electorales de los partidos políticos que participan en el actual proceso electoral.

En un comunicado, recordó que, en la sesión del pasado jueves, el Consejo General aprobó, por unanimidad, las solicitudes de registro de las plataformas electorales presentadas por los siete partidos políticos nacionales, para contender en las elecciones de senadurías y diputaciones federales, sin mediar coalición, durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Explicó que las plataformas electorales son propuestas de carácter político, económico y social, enarboladas por los partidos políticos nacionales en sus declaraciones de principios y descritas en sus programas de acción.

«Estas plataformas destacan porque ofrecen información a los votantes para la toma de su decisión, fomentan la transparencia y la rendición de cuentas como un estándar de cumplimiento de compromisos», dijo.

«Además ayudan a construir confianza entre ciudadanía y candidaturas y fomentan la discusión pública de asuntos importantes que permite diferenciar las ofertas políticas», afirmó.

Estos documentos, detalló Taddei Zavala, ya se encuentran publicados en la página de internet del INE, para que la población los consulte, se forme una opinión y emita un voto informado por el partido que más le represente.

Se trata de las plataformas electorales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano y Morena, las cuales fueron aprobadas por los órganos facultados de cada una de las fuerzas partidistas.

Taddei Zavala resaltó que las plataformas son congruentes con las leyes y demás disposiciones aplicables relativas a la participación de los partidos políticos nacionales en las elecciones, en virtud de que circunscriben la conducción de sus actividades dentro de los cauces legales y bajo los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás fuerzas partidistas y los derechos de la ciudadanía.

Asimismo, las plataformas están en armonía y congruencia con los postulados de carácter político, económico, social y en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, enarbolados por cada uno de los partidos políticos en su declaración de principios, así como en las medidas descritas respectivamente en sus programas de acción.

Especialistas ven en las reformas de AMLO una estrategia electoral

De acuerdo con expertos, las reformas constitucionales que hoy presentará el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) representan una estrategia que deja a Claudia Sheinbaum, aspirante a sucederlo en la Presidencia, en una posición “ventajosa” respecto a sus contrincantes.

“Lo veo como una estrategia atinada porque refuerza toda esta narrativa de la Cuarta Transformación y el tema de derechos sociales”, asegura la politóloga Palmira Tapia.

“Están en una posición sumamente ventajosa”, asevera el también politólogo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Édgar Ortiz Arellano, porque tanto si se aprueban las reformas como si son bloqueadas por la oposición, el oficialismo podrá construir un discurso que le beneficie electoralmente.

“La ganadora en todas las circunstancias es Claudia Sheinbaum”.

Miguel Tovar, politólogo experto en asuntos públicos, señala que, en síntesis, “la oposición va a cometer errores si, por ejemplo, se niega al asunto del salario mínimo o la reforma a las pensiones”, elementos de fuerte debate social.
Entre las modificaciones que presentará López Obrador destacan la elección popular de los magistrados del Poder Judicial, a quienes ha criticado durante todo su Gobierno; la que subordinaría la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), o la reforma del sistema de pensiones y el salario mínimo.