Un nuevo giro en el caso del multihomicidio que ha conmocionado al país trae consigo la solicitud de libertad por parte de la defensa de los presuntos asesinos del músico Jonathan Meléndez. Este movimiento legal, que busca cuestionar la legalidad de su detención, tiene lugar en los juzgados de Tlalnepantla y podría alterar el curso del proceso judicial en un contexto que exige justicia inmediata.
Durante una audiencia inicial reciente, los abogados de los acusados, Diego Sebastián «N» y Gerardo «N», solicitaron que sus clientes enfrenten el juicio en libertad. Argumentaron diversas presuntas irregularidades en la ejecución de las órdenes de aprehensión realizadas por las autoridades mexiquenses. La defensa, liderada por el abogado Rodrigo Pastrana, identificó supuestas inconsistencias en la actuación policial y errores en la documentación presentada, además de señalar que no tuvieron acceso al expediente formal ni a reuniones privadas con los acusados antes de la comparecencia.
A pesar de los reclamos, la jueza del caso desestimó la solicitud, determinando que la detención se realizó siguiendo los procedimientos legales. Después de más de ocho horas de audiencia, se impuso la medida de prisión preventiva justificada y se ordenó el traslado inmediato de los imputados al Penal de Barrientos, mientras se define su situación jurídica.
Este desarrollo legal se produce pocos días después del ataque ocurrido el 1 de septiembre en un fraccionamiento en Atizapán de Zaragoza, donde el tecladista de la banda Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora del hogar y una mascota fueron asesinados en su hogar. Las investigaciones preliminares por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sugieren que el móvil del crimen fue económico. Los agresores buscarían apoderarse de un dispositivo que contenía criptomonedas, actuando con violencia y premeditación para no dejar testigos.
Los acusados enfrentan cargos por homicidio calificado, interrupción del embarazo, maltrato animal y daño al medio ambiente. Se indica que el arma utilizada contaba con un silenciador, lo que dificultó la alerta a las autoridades. La defensa ha manifestado su intención de refutar las pruebas presentadas en su contra.
La próxima audiencia, programada para el 9 de septiembre, será crucial para determinar si existen elementos suficientes para vincular a los acusados a proceso. La comunidad civil y artística permanece atenta, exigiendo transparencia y rigor en el desarrollo del caso.